Una niña de apenas 7 años perdió la vida en circunstancias crudas y desgarradoras, tras sufrir torturas y maltratos físicos sistemáticos, en el sector Los Guandules. Este hecho revela no solo el horror del maltrato que reciben algunos niños, desde el mismo momento en el que nacen al negarles los derechos más fundamentales, sino también las grietas de un sistema de protección que falló en detectar y detener a tiempo los actos de barbarie que sufrió.
“Cuando el policía comenzó a enseñarme foto de la niña, yo quise morirme porque, en verdad, yo no pensaba que eso podía suceder así”, dice, entre lágrimas, Anita Manzueta, residente en el sector. Habló con el programa N Investiga.
“Si yo hubiese sabido, yo subo y saco la niña, y aunque me tiren de la segunda, hago algo”, expresa Alejandrina Rodríguez, prima y vecina de la acusada Yokeiry Coronado, quien cumple prisión preventiva por el caso.
Fue en abril cuando Yokeiry Coronado, de 33 años, se trasladó a Yamasá y le pidió a su sobrina Estefani Morla Coronado, de 21 años y madre de tres hijos, la custodia de su primogénita de 7 años, que concibió a los 13 años, para vivir con ella y su esposo, Jeider Montero Medina, guachimán de 36 años.
Yokeiry le dijo que le brindaría a la niña una mejor calidad de vida. Estefani cedió y le entregó la niña. Entonces, los tres se mudaron en Los Guandules, donde la menor viviría un verdadero infierno, sufriendo el horror de la tortura que acabó con su vida.
Alejandrina Rodríguez, prima de la acusada, dice: “Ella no puede tener ni hijos, y ella, como era su sobrina y la madre tenía más niños para tenerla, darle una buena educación, para ponerla en la escuela”.
La niña ni siquiera tenía acta de nacimiento, lo que, según expertos, indica una forma de abuso por omisión desde el mismo momento en el que vino al mundo. Se le negaron derechos tan fundamentales como la identidad y la educación, ya que tampoco estaba en la escuela.
“Esta madre es una víctima también de una situación que, inclusive, está penalizada en República Dominicana, de que una persona tenga relaciones sexuales con un menor de esta edad. Entonces, aunque ella incumplió esa obligación del registro civil, también tenemos que tomar en consideración que un menor de edad, que no tiene un sentido de la responsabilidad”, expone la abogada penalista María del Pilar Zuleta.
Según relatan vecinos y familiares, durante los primeros tres meses de la llegada de la menor a la casa de Yokeiry, la crianza de la niña transcurría con normalidad.
“Subía al mercadito, le compraba ropa, le hacía ganchito, la peinaba todos los días y yo le decía, ‘pero se te van a caer los dedos peinándola todos los días’; cada vez que yo la veía con un peinado diferente, bien linda, bien linda la tenía”, manifiesta Alejandrina.
En los primeros tres meses, la madre hablaba con la menor mediante videollamadas de WhatsApp, donde constataba que se encontraba en buen estado.
Anita Manzueta, residente en el sector, expone: “Al principio, cuando ella trajo la niña, era una niñita alegre; ella la trae, la bajaba al frente de mi casa, a jugar con las niñitas mías, se ponían dizque a contar los dedos. Y así por el estilo. Luego, después, ella dizque la puso en castigo a la niña porque no se sabía ni siquiera las vocales”.
A partir de julio, todo empezó a cambiar. Cada vez que la madre intentaba comunicarse con su hija, Yokeiry le decía que la niña se encontraba durmiendo, impidiéndole así verificar su estado. Familiares y vecinos del sector coinciden en que recibían la misma excusa.
“Ella la encerró, no la dejaba ver a nadie, a nadie y siempre se mantuvo con esa puerta entre semicerrada”, apunta Anita. Y agrega: “La niña, yo pensé que se hubiera ido para el campo. Después, como dos semanas después, yo le pregunté por ella y dije que estaba durmiendo. Yo le dije, ‘pero siempre, siempre, ustedes están durmiendo, no salen de ahí por estar durmiendo’”.
“Nunca nos dejaba ver la niña, una vez la vimos y la niña estaba cubierta con un gorro y cubierta con ropa mangas largas”, indica Natividad Rodríguez, prima y vecina de acusada.
Y añade: “De la sala no pasábamos, porque digamos que vayan a una casa y me preguntan, ‘¿no van a entrar?’, ya usted tiene que confiar en lo que le digan”.
Sin embargo, ante las repetitivas excusas empieza a preocuparse, así como con las cicatrices que presentaba la menor la última vez que la vieron.
Dice la misma Natividad: “Tenía una quemada que tenía en la cara, le preguntamos ‘fulano, ¿qué es eso?’ Primero era un aruñón, yo le dije, ‘fulano, ¿qué pasó ahí?’ ‘No, la niña se cayó y se dio’. Después, fue que tropezó con el perro, después fue que se cayó de la cama”.
“Le vi una marquita como cuando le dan con una vara. Yo nunca me imaginé que era un maltrato así”, dice Alejandrina.
Barbarie y tortura en Los Guandules
El 24 de julio, denunció la situación a una empleada de un centro del Inaipi, en el sector.
Alejandrina Rodríguez, prima de acusada: “Yo le hice una pregunta, yo quiero saber cuál es el proceso para hacer una denuncia anónima a un maltrato de un infante. Y ahí me dijeron que iban a comunicar, ella iba a comunicar a su superior e iban a buscar el medio de poder ayudarme”.
Así se evidencia en una conversación vía Whastapp que prosiguió a la que sostuvieron vía telefónica, y en un audio de la empleada del Inaipi.
Empleada Inaipi: “Ya mi jefa hizo el reporte a nuestra institución. Mi jefa lo subió a la plataforma. Yo lo hice con el mismo nombre de la niña que me diste y con lo que tú has observado, con eso hice el reporte. Ya mi jefa lo subió a la plataforma y lo puso tipo emergencia. Desde que ellos nos respondan, entonces te dejo saber cuál es el proceso”.
Sin embargo, la respuesta que recibió fue que la niña no pertenecía a ese núcleo, actuando en total oposición a lo establecido desde el año 1990, en el Plan de Acción de la Cumbre Mundial a favor de la infancia de que “no hay causa que merezca más alta prioridad que la protección y el desarrollo del niño”.
María del Pilar Zuleta, abogada penalista: “Lo que debió haber hecho ese funcionario de Inaipi, es decir, yo no soy competente, pero como servidor del Estado, yo estoy aquí para servir. Yo estoy aquí para servir, para proteger y, por tanto, debo comunicar a las autoridades correspondientes, a Conani, al Ministerio Público, a quien entienda, debo comunicar que hay un menor en riesgo”.
El hecho de que un servidor del Estado de una institución responsable del cuidado de niños y niñas desconozca un elemento tan básico, demuestra la indiferencia ante la problemática. Mientras, según el testimonio de Jeider Montero, su esposa, Yokeiry Coronado, sometía a la menor de manera progresiva y constante, a castigos físicos severos que iban mucho más allá de una pela con una vara, amarrándola con sogas y cadenas, colocándola de rodillas durante largos periodos, y la golpeaba cuando se ensuciaba los pantalones de sus necesidades fisiológicas.
El esposo de Yokeiry guardó en su celular numerosas fotografías de la niña amordazada que más adelante se convertirían en evidencias del desgarrador final. Alegó que cuando intentaba intervenir, su esposa se alteraba y decía déjala ahí para que aprenda a no defecarse en los pantalones.
“Si es que había una situación emocional que había provocado una regresión en ese control de esfínteres, habría que ayudarla no pegarle, no maltratarla”, expone Rafaela Burgos, psicóloga clínica y terapeuta familiar.
Vecinos manifestaron que nunca escucharon gritos ni ninguna situación anómala, salvo en una sola ocasión.
“Yo la escuché como que la niña hizo, ay, cuando yo le pregunté fulana, qué pasa, la va a matar y me dijo no, y asustándola, en ese entonces fue cuando ella le quemó las manitas”, expresa Anita Manzueta, residente en el sector.
María del Pilar Zuleta, abogada penalista, dice por su parte: “Hemos normalizado tanto estos comportamientos y el silencio frente a estos comportamientos, que cuando la vecina se da cuenta de que la niña está siendo quemada, podía perfectamente utilizar uno cualquiera de los canales que están establecidos por varias instituciones del Estado dominicano o el 911 para decir, ‘aquí se está cometiendo un abuso’”.
La niña ni siquiera recibió atención médica por las quemaduras.
Natividad Rodríguez, prima de acusada: “Ella le decía a la familia que sí la llevó, pero ella nunca sacó a esa niña para llevarla al médico. Ella nunca la llevó al médico”.
De haber sido llevada a un hospital, tal vez la habrían salvado de su trágico final, pues al igual que en otros países, la normativa procesal penal dominicana plantea esto.
María del Pilar Zuleta, abogada penalista, explica esto: “Los médicos, los enfermeros, tienen la obligación de reportar cuando un menor llegue en estas condiciones, que es evidente que no se trata de una caída, que no se trata de un accidente, sino que se trata de maltrato, de torturas”.
Según Jeider Montero, tres semanas después de la denuncia, el sábado 16 de agosto, en horas de la mañana, la menor se levantó llorando y quejándose de un fuerte dolor de cabeza, a lo que su esposa Yokeiry no prestó atención, hasta que aproximadamente a las 6:30 de la tarde, llamó de manera desesperada a sus familiares, Alejandrina Rodríguez y María Polanco De La Cruz, para que se presentaran a su casa, porque la niña estaba convulsionando.
“Yo iba de salida y la veo allá como agitada, mi pregunta es, ‘¿María para dónde vas?’ Dígame si yo voy para donde la Chichi, que me llamó, no entendí qué fue lo que me dijo; si le soy sincera, no entendí, pero sí entendí lo último que dijo, como que se está ahogando, yo lo que pensé fue, wow, la niña está mala”, cuenta Alejandrina.
Al llegar a la casa, no entran a la habitación donde se encuentra la niña, pero de inmediato le piden a Yokairy detalles de lo ocurrido.
Alejandrina Rodríguez, prima de acusada: “Yo le digo qué pasó. No, la niña estaba jugando, yo le di una leche, la niña se acostó y empezó a vomitar”.
De inmediato llamó al 911, cuyos operadores le brindaron instrucciones de primeros auxilios en lo que llegaba la unidad.
“Me preguntan si la niña está, o sea si estaba inconsciente, y que si yo notaba si respiraba, porque me dijeron que me ponga mi oído en la nariz, ahí es que yo entro a la habitación y me encuentro con el cuerpo, nunca pensé que me iba a encontrar con esa imagen”, prosigue, llorosa.
La pequeña estaba en estado inconsciente. “La niña tenía el bracito como en su vientre, la manita izquierda y yo se la bajé y le hice aquí, en el pechito, porque aún yo la vi así, yo tenía esperanza que estuviera viva. La que me estaba asistiendo siguió contando, pero yo desistí porque yo dije, ‘ya no hay vida’”, relata Alejandrina.
La ausencia de signos vitales fue confirmada por la unidad del 911 que llegó unos 10 minutos después de la llamada, a las 7:00 de la noche. Dos horas después, a las 9:00, se presentó el Inacif y manifestaron al investigador de la Policía que la niña había fallecido a causa de múltiples golpes contusos, quemaduras y laceraciones en distintas partes del cuerpo, estableciendo además que la misma presentaba síndrome del niño maltratado.
“Este síndrome está compuesto por varios indicadores. Uno de ellos, cuando un niño tiene lesiones en distintos niveles de curación, es decir, un hematoma nuevo, pero uno más viejo, una fractura que se curó sola, una lesión que es más reciente, las lesiones varían en su proceso de curación”, describe la psicóloga Rafaela Burgos, también terapeuta de familia.
Versión de la acusada
Al momento de ser cuestionada, Yokeiry cambió la versión que inicialmente había dado a sus familiares de que la niña empezó a vomitar tras haberle dado leche y atribuyó un golpe en la cabeza que presentaba la menor a una supuesta caída en el baño.
Sin embargo, eso no se correspondió con lo establecido por el Inacif, por lo que Yokeiry fue puesta bajo arresto. Momentos después, agentes de la Policía se trasladaron al lugar donde laboraba su esposo, Jeider Montero Medina, quien había salido a trabajar tres horas antes del fallecimiento de la niña y también fue apresado. Los familiares de Yokeiry atribuyen igual o mayor responsabilidad a su esposo.
Natividad Rodríguez, prima y vecina de imputada: “El sábado, la niña estaba muerta y comprando mucho hielo para echarle al cuerpo de la bebé. Se ve los videos en el colmado cuando él fue a comprar hielo”. Esta versión fue corroborada por vecinos del sector.
“Cómo no va a saber el marido, eso es un abuso, dice que no sabe y comprando hielo, que la prima mía le dijo ‘¿y todo ese hielo que tú compras?’, acaban todos los hielos en los colmados y él dice que no, que hace mucha calor”, expresa un vecino de los acusados.
Natividad: “Y al parecer, fue como dijo la médico legista, que la niña tenía más de dos días de muerte. Pero nosotros no sabíamos”.
“Haber ocultado el cadáver por dos días evidencia no solamente la maldad, vamos a decir con la que se obró, sino el desprecio por lo que la niña representaba, o sea, aún ya habiendo perdido la vida no se le dio ningún valor. Es un caso extremadamente doloroso”, apunta la abogada Zuleta.
De comprobarse, agravaría aún más la situación de los dos tutores responsables de la menor. Ante esta desgarradora tragedia, ¿cuál sería la responsabilidad de la madre?
Responde Zuleta: “Aunque la madre es joven, la madre hoy día entiendo que tiene ya 21 años, o ya es adulta; tiene una mayor responsabilidad, se le exige una mayor responsabilidad. Pero si acaso no la tiene, porque fue madre muy joven, tiene todavía otros familiares que podían haber levantado la alerta ante las autoridades”.
Estefani, la madre de la menor, apareció después de la tragedia pidiendo justicia y afirmando que confiaba en su tía. “Ella no está loca. Nosotros nos llevábamos muy bien, cuando ella iba para el campo, nos llamaba para que compartiéramos con ella y si ella veía que uno tenía hambre, le quitaba el hambre”, dice.
Acta Inacif
El acta preliminar de levantamiento de cadáver certificó que la causa de muerte fue maltrato infantil, tras comprobarse que el cuerpo presentaba golpes contusos, quemaduras y laceraciones graves. El estado de desmejoramiento físico era evidente, al punto que al momento del hallazgo del cadáver la niña tenía afeitada toda la cabeza.
Se espera que la autopsia esté lista en unos tres meses, lo que confirmará mayores detalles de las circunstancias de este trágico suceso, incluyendo cuántos días tenía de fallecida al momento del hallazgo y si fue abusada sexualmente, algo que no es descartado por familiares de Yokeiry.
“Y definitivamente, esto agravaría la necesidad de que revisemos cómo la sociedad dominicana está manejando el riesgo en que se encuentran muchos menores mientras los demás en pasividad y en silencio toleramos”, destaca la abogada Zuleta.
El cuerpo de la niña fue sepultado el martes en Yamasá, Monte Plata. Lo que sí es un hecho es que todos le fallaron desde un inicio, empezando por el Estado, ya que una institución recibió una denuncia y se negó a darle curso.
Zuleta piensa que la responsabilidad es de todos: “la sociedad, la comunidad, los vecinos, los que venían a la niña en la calle, los que se daban cuenta de que la niña no estaba en la escuela”.
Y por eso se entiende que la causa directa de la muerte de la menor ha sido una falla de todo el sistema de protección de niños, niñas y adolescentes.
Los esposos Yokeiry y Jeider están cumpliendo tres meses de prisión preventiva por el caso. Según abogados especialistas, el proceso debe llegar a buen término, ya que las desgarradoras y estremecedoras pruebas están más que claras.
“La idea no es que llevemos dos personas a prisión y los dejemos allá, porque con eso no estaremos recuperando la vida que se perdió, pero lo que sí podemos hacer es tomar medidas correctivas y preventivas para evitar que otros menores surtan la misma suerte”, señala la abogada Zuleta.
Rafaela Burgos, psicóloga clínica y terapeuta familiar: “Por eso hemos hablado tanto en muchos momentos de una estrategia donde la salud mental es más cerca de la gente. En la misma comunidad, núcleos, gente capacitada en diferentes niveles para identificar señales de riesgo, para denunciar, pero también para intervenir”.
La historia de esta niña no es un hecho aislado. Cada golpe, cada silencio, cada institución que no actuó a tiempo, construyeron el camino hacia su muerte.
Según datos del Unicef, publicados en mayo de este año, uno de cada 5 niños dominicanos sufre violencia a modo de disciplina en los hogares. Pero este desgarrador caso obliga a preguntarse cuántos niños y niñas siguen viviendo hoy en la sombra del maltrato, ocultos tras paredes donde nadie entra, donde nadie denuncia, donde nadie escucha.
Si sospechas o conoces de un caso de maltrato infantil, no guardes silencio. Los canales oficiales están abiertos sin necesidad de presentar pruebas:
–Línea Vida PGR (809-200-1202)
–911
–Oficinas regionales, municipales y redes sociales de Conani
