Privados de libertad y salud mental: la otra condena del sistema penitenciario – N Digital
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Privados de libertad y salud mental: la otra condena del sistema penitenciario

Privados de libertad y la salud mental collage

Por- Jazmín Díaz En el corazón del sistema penitenciario dominicano, un grupo vulnerable de privados de libertad enfrenta una doble condena: cumplir su sentencia y sobrevivir a condiciones precarias que afectan su salud mental.

Actualmente, el país cuenta con apenas cinco pabellones especializados para internos con diagnósticos psiquiátricos, distribuidos entre La Victoria, Najayo hombres y mujeres, San Pedro de Macorís y el CCR-16 El Pinito de La Vega. Cifras oficiales de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), estos pabellones albergan 149 personas, un número mínimo frente a la creciente población penitenciaria y a la gran cantidad de personas con problemas mentales en el país.

Los pabellones están lejos de cubrir la demanda real. En La Victoria, el más grande del país, hay 48 internos con condiciones psiquiátricas; en Najayo para mujeres, 26; en Najayo para hombres, 46; en San Pedro de Macorís, 21; y en La Vega, solo 8.

El Centro Psicosocial Padre Billini, antiguo manicomio o 28, albergaba en 2024 a 93 pacientes psiquiátricos que buscaban rehabilitarse.

PROTOCOLOS DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS

Los protocolos en los centros penitenciarios psiquiátricos incluyen medicación supervisada y actividades terapéuticas, como música, pintura y paseos al aire libre, según dijo esta institución a N Digital a través del portal de libre acceso a la información.

Cada pabellón cuenta con equipos de psiquiatras, psicólogos, médicos generales y enfermería, y cada interno recibe su medicación en horarios específicos.

QUE PASA CUANDO SURGE UNA CRISIS

Existen protocolos de emergencia para crisis agudas, que incluyen medicación urgente y traslado a centros especializados y alejamiento del individuo del grupo con el objetivo que no se haga daño a sí mismo y a los compañeros.

En situaciones de crisis o episodios agudos donde la vida del privado de libertad pueda estar en riesgo, el protocolo establece medidas inmediatas para preservar la integridad física del paciente. Los privados de libertad son trasladados a un centro de intervención de crisis en donde se procede a estabilizarlo a través de tratamientos médicos.

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