Ana Mercedes García apenas duerme por las noches. Pasa horas rezando por su hijo, Ricardo Ernesto Martínez, un albañil de 31 años sin antecedentes penales que lleva más de tres años en detención provisional en El Salvador, acusado de pertenecer a una pandilla pese a que la fiscalía desestimó los cargos en su contra.
El joven fue arrestado el 10 de mayo de 2022 bajo el régimen de excepción impulsado por el presidente Nayib Bukele, una medida que permite capturas sin orden judicial y que, según el gobierno, ha reducido los homicidios a mínimos históricos. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos advierten que miles de inocentes permanecen tras las rejas.
Desde su casa de adobe en Cuyultitán, Ana Mercedes relata la incertidumbre de los primeros meses tras la detención, cuando no sabía si su hijo estaba vivo o muerto, ya que no se permiten visitas ni se brinda información sobre los presos.
Te puede interesar: Nayib Bukele dice que la disciplina en las escuelas de El Salvador es para evitar las pandillas
En mayo de este año, las autoridades de la cárcel La Esperanza le pidieron que llevara un pantalón y una camiseta amarilla porque Ricardo sería asignado a trabajos junto a otros reclusos no violentos. Para ella, esa fue una señal de esperanza, aunque insiste en que su hijo “no debe nada”.
“Es injusto que siga preso. Su cuerpecito está limpio, como Dios lo mandó al mundo”, dice con firmeza, subrayando que Ricardo no tiene tatuajes ni vínculos con pandillas.
Reforma legal prolonga la detención
El 15 de agosto, el Congreso dominado por el oficialismo aprobó una reforma que extiende la detención provisional hasta cinco años, lo que significa que personas como Ricardo podrían seguir encarceladas hasta agosto de 2027 sin juicio.
Aunque la fiscalía emitió dos cartas en 2023 recomendando la liberación de Ricardo por “falta de pruebas suficientes”, las autoridades penitenciarias no acataron la orden.
La ONG Cristosal criticó la medida y advirtió que mantener a alguien preso sin juicio durante tanto tiempo “convierte la detención provisional en una condena anticipada”.
Temor por los juicios masivos
La reforma legal busca organizar 600 juicios masivos con grupos de entre 800 y 1.200 acusados, algo que genera temor entre familiares y juristas.
“Si esos procesos avanzan, habrá muchos inocentes condenados”, advierte el abogado Félix López, cuyo hijo también está detenido desde febrero de 2022.
El caso de Nelson Antonio Fuentes, de 23 años, detenido cuando iba a su trabajo en el estatal Fondo de Conservación Vial, refleja esa preocupación. Su madre, Juana Fuentes, denuncia que ahora será juzgado junto con presos “que ni conoce”.
“Quisiera que investigaran bien cada caso. El que la debe, que la pague, pero al inocente lo debían de sacar ya de la cárcel”, reclama la mujer desde una humilde vivienda en Mejicanos, en la periferia de la capital.
En julio, Juana supo que su hijo seguía con vida cuando lo vio en un video de TikTok, trabajando en la reconstrucción de una escuela.
Bukele responsabiliza a los padres
Ante las críticas, el presidente Bukele dijo esta semana que entiende el dolor de las madres, pero responsabilizó a los padres de los presos. “Es un dolor horrible, pero la culpa la tienen quienes no les aplicaron disciplina cuando eran niños”, afirmó.
Hasta ahora, el gobierno asegura haber detenido a 88.000 presuntos pandilleros, de los cuales 8.000 fueron liberados tras comprobarse que eran inocentes.
Para madres como Ana Mercedes y Juana, esa cifra no es suficiente consuelo. Ellas insisten en que sus hijos siguen pagando por delitos que no cometieron, mientras esperan un juicio justo que parece cada vez más lejano.
Yahoo Noticias
Por: Itzel Olivo
