El gobierno de Nicaragua entregó el viernes el cuerpo sin vida del abogado Carlos Cárdenas Zepeda a sus familiares en Managua, tras quince días detenido en condición de desaparición forzada, el cadáver fue recibido sin ninguna explicación oficial sobre la causa del fallecimiento, en medio de un ambiente de vigilancia y temor.
De acuerdo con organizaciones opositoras y de derechos humanos, Cárdenas se convierte en el segundo preso político que el «régimen» entrega muerto en menos de una semana, en una práctica caracterizada por opacidad, amenazas y entierros controlados.
El lunes 25 de agosto también fue entregado muerto Mauricio Alonso Petri, político opositor de 64 años que había sido detenido el 18 de julio durante las redadas en Carazo, tras permanecer 38 días desaparecido, su familia fue notificada para retirar el cuerpo en el Instituto de Medicina Legal, sin información sobre la causa del deceso y bajo advertencias de realizar un sepelio exprés en ataúd cerrado.
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Carlos Cárdenas Zepeda era un abogado con amplia trayectoria en la función pública. Durante dos décadas trabajó en el Poder Judicial y en la Contraloría General de la República. En 2018, en medio de la crisis social y política de Nicaragua, fue convocado por obispos de la Conferencia Episcopal para brindar asesoría en el fallido Diálogo Nacional con el régimen.
Ese mismo año fue secuestrado por paramilitares en su casa de Managua y desde entonces sufrió acoso. Su última detención ocurrió hace quince días, cuando policías lo sacaron de su vivienda sin orden judicial ni explicación. Desde entonces permaneció desaparecido hasta que el viernes fue entregado muerto a su familia.
Organizaciones opositoras como la Gran Confederación Opositora y la Asociación Democrática de Abogados de Nicaragua calificaron el hecho como un crimen de Estado y una desaparición forzada. Señalaron que constituye una muestra más del “terrorismo de Estado” ejercido por Ortega y Murillo y llamaron a la comunidad internacional a asumir con firmeza estos hechos.
El abogado Yader Morazán, exfuncionario judicial, denunció que muertes como estas responden a un patrón sistemático. Recordó que la ley penitenciaria establece protocolos para proteger la vida de los privados de libertad, pero en los casos de Cárdenas y Alonso no hubo dictámenes medicolegales ni autopsias independientes.
Desde 2019, al menos seis presos políticos han muerto bajo custodia del régimen sin que hasta ahora se conozcan investigaciones o responsabilidades. El primero fue Eddy Montes, asesinado en mayo de 2019 en la cárcel La Modelo por un guardia del penal.
Luego falleció Santos Flores en noviembre de 2021, abogado que había denunciado abusos sexuales de Ortega contra su hermana menor. En febrero de 2022 murió en prisión el general retirado Hugo Torres, histórico comandante sandinista. En septiembre de 2024, en arresto domiciliario, falleció Humberto Ortega Saavedra, hermano del dictador, aislado y sin acceso a tratamiento médico adecuado.
La entrega de los cadáveres de Alonso y Cárdenas ha provocado temor entre las familias de los presos políticos que permanecen detenidos. Colectivos de parientes denunciaron el 30 de agosto que “cada día de encierro arbitrario es un riesgo de muerte” y rechazaron normalizar esta práctica, a la que calificaron como asesinatos políticos. Defensores de derechos humanos coincidieron en que las cárceles del régimen se han convertido en “antesalas de muerte” y advirtieron que estas desapariciones forzadas constituyen crímenes de lesa humanidad que deberán ser juzgados en el futuro.
Actualmente el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas en Nicaragua registra entre 52 y 54 opositores encarcelados por motivos políticos, aunque la cifra podría ser mayor debido al temor de las familias a denunciar públicamente. El abogado Yader Morazán concluyó que “toda muerte bajo privación de libertad debe investigarse exhaustivamente”, subrayando que la responsabilidad recae en el régimen
