Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader emitió el decreto núm. 531-25, mediante el cual declara de alta prioridad para el Gobierno la intervención y recuperación de los ríos Ozama e Isabela, en el ámbito metropolitano del Gran Santo Domingo, con el objetivo de lograr la regeneración física, urbana y ambiental de los terrenos situados en sus riberas, actualmente ocupados por asentamientos humanos.
La disposición establece los límites geográficos del proyecto y designa a la Unidad Ejecutora para la Readecuación de Barrios y Entornos (URBE) como responsable de ejecutar las obras necesarias.
Esta entidad deberá remozar, construir y readecuar infraestructuras, dotaciones y vías existentes, así como desarrollar nuevas estructuras que garanticen el respeto a las condiciones sociales, culturales y patrimoniales de las comunidades impactadas.
URBE también deberá realizar procesos de socialización con los residentes, a fin de asegurar su participación en la intervención y rehabilitación, protegiendo sus derechos y promoviendo un desarrollo sostenible y equitativo.
Además, tendrá a su cargo la gestión de las negociaciones y la reubicación de las familias afectadas por las obras.
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Por su parte, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales será el organismo responsable de la supervisión técnica y ambiental del proyecto.
Esta institución tendrá a su cargo la evaluación de las actividades desarrolladas en las riberas de los ríos Ozama e Isabela, garantizando el cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales en materia de protección ambiental y manejo sostenible de los recursos naturales.
Asimismo, el Ministerio deberá implementar medidas de conservación para proteger la biodiversidad, así como los ecosistemas acuáticos, forestales y ribereños que se vean impactados por la intervención.
Asimismo, deberá realizar procesos de socialización con la comunidad afectada, a fin de asegurar la participación de los residentes en la intervención y rehabilitación, protegiendo sus derechos y promoviendo un desarrollo sostenible y equitativo, así como gestionar la negociación y reubicación de los habitantes impactados por los trabajos que se lleven a cabo en los sectores objeto de la intervención.
