Al menos 20 estados, en Estados Unidos, incluidos Nueva York, Virginia, Arkansas y California, formalizaron prohibiciones en el uso de los teléfonos, que abarcan todo el horario de clases y en ciertos casos, la permanencia en el recinto educativo, las políticas obligan a los estudiantes a mantener los teléfonos guardados y apagados, con excepciones solo ante emergencias.
El debate sobre teléfonos móviles en escuelas estadounidenses comenzó tras la rápida popularización de los smartphones a partir de 2007, pero la pandemia de COVID-19 intensificó la preocupación por el uso excesivo y sus efectos en la concentración, interacción social y clima escolar.
De acuerdo con un análisis de políticas educativas estatales publicado por el Rockefeller Institute of Government los estados que han impuesto restricciones totales incluyen, entre otros, Nueva York, Virginia, California, Minnesota y Ohio exigen que todos los distritos definan sus políticas antes de mediados de 2025 o 2026.
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Las nuevas regulaciones, imponen reglas sobre almacenamiento, acceso y uso de los teléfonos durante todas las horas de clase. Las escuelas pueden definir métodos como casilleros especiales, bolsas individuales o depósito en espacios supervisados. Las excepciones se reservan estrictamente para emergencias, salud o necesidades educativas formales.
En Nueva York, las escuelas públicas “deberán ofrecer al menos una vía para que las familias mantengan contacto con los estudiantes durante el día en casos urgentes”, señaló un comunicado conjunto de la gobernadora Kathy Hochul y el Departamento de Educación estatal.
El gobernador de Virginia, Glenn Youngkin, describió la decisión como una “iniciativa para mejorar la atención de los alumnos y responder a inquietudes sobre salud mental” y ordenó al Departamento de Educación establecer procedimientos estándar y guías para todos los distritos.
Directivos educativos y legisladores han justificado las restricciones “por la necesidad de devolver el protagonismo a la experiencia de aprendizaje presencial y proteger la salud mental adolescente”, la gobernadora de Oregón, Tina Kotek, afirmó que la prohibición busca “mejorar el enfoque, la seguridad y el bienestar escolar”.
Estudios citados por Reuters y agencias estatales muestran que los estudiantes usan sus teléfonos inteligentes más de una hora diaria en clases, cifra que no disminuyó tras la pandemia y que afecta participación y aumenta acoso escolar. Los promotores de las nuevas reglas resaltan que la medida responde a “solicitudes de familias y docentes preocupados por la irrupción de los dispositivos en la dinámica escolar”. Julia Casey, maestra en Misuri.
La mayoría de los estados contempla excepciones para situaciones médicas documentadas, condiciones de aprendizaje avaladas y emergencias, definiendo mecanismos de acceso rápido. Según AP News y el Rockefeller Institute, las escuelas deben garantizar la comunicación familiar en casos urgentes y la atención de alumnos con necesidades educativas especiales, en Nueva York, se exige notificación mediante llamadas, sistemas automatizados o personal administrativo.
Randy Watson, comisionado de Educación de Kansas, señaló a ABC News que “los distritos que implementan el modelo «campana a campana» observan estudiantes más concentrados, menos acoso y mejor clima académico”.
Las políticas han recibido apoyo de organizaciones de padres y asociaciones de maestros, aunque algunos organismos civiles y estudiantes piden mayor flexibilidad para casos excepcionales.
El Departamento de Educación de EE.UU. respeta la autonomía de estados y distritos. Según su comunicado, “la toma de decisiones sobre tecnología móvil corresponde a cada jurisdicción local”, un grupo de 17 estados, incluidos Maryland y Wyoming, no ha impuesto regulaciones estatales obligatorias, dejando la política a consejos escolares locales.
En Puerto Rico, la legislación obliga a definir una política propia antes de 2026, sin detallar aún alcances ni sanciones, indica el Rockefeller Institute, la implementación generalizada de restricciones reorganiza rutinas y protocolos en millones de centros educativos. Estudiantes, docentes, padres y autoridades deberán adaptarse a la nueva legislación y procesos de supervisión sobre cumplimiento, emergencias y necesidades especiales.
Quienes forman parte del sistema escolar contarán con reglas claras sobre uso de tecnología en el aula y contacto en casos urgentes. Según funcionarios estatales consultados por Reuters, el proceso de consolidación normativa seguirá desarrollándose mientras cada jurisdicción evalúa impactos y ajusta protocolos según necesidades y resultados.
