El presidente de la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC) ,Gabriel del Río Doñé, advirtió sobre la situación de miles de trabajadores que viven en zonas marginadas y vulnerables, expuestos a la delincuencia, los atracos y, en muchos casos, a muertes extrajudiciales producto de supuestos “intercambios de disparos”.
Al tiempo que denunció que gran parte de los asalariados del sector público, así como pensionados y jubilados, perciben apenas RD$10,000 mensuales, monto insuficiente frente a una canasta básica que supera los RD$40,000. Reclamó aumentos salariales y mejores condiciones de vida para trabajadores del campo y la ciudad, así como para quienes laboran en la economía informal.
Al conmemorar su 63 aniversario con un almuerzo de confraternidad en el Distrito Nacional, el sindicalista expresó preocupación por el desempleo juvenil, el embarazo en adolescentes, la violencia intrafamiliar, la inequidad de género y la falta de protección social. Asimismo, criticó a sectores empresariales que obstaculizan la libertad sindical de los trabajadores.
Señaló que la organización fundamenta sus acciones en reivindicaciones legítimas que buscan mejorar las condiciones de vida y de trabajo del pueblo, impulsando incrementos salariales para empleados públicos y privados, trabajadores del campo y la ciudad, así como pensionados y jubilados con ingresos insuficientes.
Indicó que dichos ingresos no alcanzan para cubrir el alto costo de áreas básicas como la salud, la educación, los alquileres, la alimentación, la energía eléctrica y el transporte. “No es justo que una gran parte de los asalariados del sector público, pensionados y jubilados perciban apenas diez mil pesos mensuales, cuando la canasta básica supera los cuarenta mil. Esa situación es inaceptable”, afirmó.
“El país necesita un sindicalismo responsable, concertador y enérgico en la defensa de los derechos humanos y laborales”, afirmó Del Río Doñé, al destacar que la CASC continúa impulsando programas de apoyo y formación para fortalecer sus organizaciones afiliadas.
El acto contó con la participación de la vicepresidenta Raquel Peña, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, el ministro de Trabajo, Eddy Olivares, el presidente del Conep, Celso Juan Marranzini, y otras personalidades del ámbito político y empresarial.
