Miami (AP).- Cientos de empleados federales que perdieron su trabajo como parte de la ofensiva de recortes de costos de Elon Musk están siendo llamados para volver al trabajo.
La Administración General de Servicios (GSA por sus iniciales en inglés) le ha dado a los empleados —encargados de gestionar espacios de trabajo gubernamentales— hasta el final de la semana para aceptar o rechazar su reincorporación, de acuerdo con un memorando interno al que The Associated Press tuvo acceso.
Aquellos que acepten deben presentarse a trabajar el 6 de octubre, después de lo que equivale a unas vacaciones pagadas de siete meses, durante las cuales la GSA acumuló altos costos —trasladados a los contribuyentes— para permanecer en docenas de propiedades cuyos contratos de arrendamiento tenían planeado cancelar o se permitió que expiraran.
“En última instancia, el resultado fue que la agencia quedó dañada y con poco personal”, declaró Chad Becker, un exfuncionario de bienes raíces de la GSA. “No tenían a las personas que necesitaban para llevar a cabo funciones básicas”.
Becker, quien representa a propietarios con arrendamientos gubernamentales en Arco Real Estate Solutions, comentó que la GSA ha estado en “modo de triaje” durante meses. Recalcó que el repentino cambio en la reducción de personal refleja cómo Musk y su Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE por sus iniciales en inglés) habían ido demasiado lejos, demasiado rápido.
Recontrataciones depuradas
La GSA se estableció en la década de 1940 para centralizar la adquisición y gestión de miles de lugares de trabajo federales. Su solicitud de reincorporación al trabajo refleja los esfuerzos de recontratación en varias agencias que fueron objeto de las medidas del DOGE. El Servicio Interno de Impuestos (IRS, por sus siglas en inglés) dijo el mes pasado que permitiría que algunos de los empleados que aceptaron una oferta de renuncia puedan permanecer en el trabajo.
El Departamento de Trabajo también ha reincorporado a algunos empleados que aceptaron indemnizaciones, mientras que el Servicio de Parques Nacionales reinstaló anteriormente a varios empleados, luego de una depuración.
La GSA, que gestiona muchos de los edificios, es crucial para el trabajo de tales agencias. A partir de marzo, miles de empleados de la GSA dejaron la agencia como parte de programas que los alentaban a renunciar o aceptar una jubilación anticipada. Cientos más —aquellos sujetos al aviso de reincorporación— fueron despedidos como parte de un agresivo impulso por reducir el tamaño de la fuerza laboral federal. Aunque esos empleados no se presentaron a trabajar, se les pagaría hasta el final de este mes.
Representantes de la GSA no respondieron a consultas sobre el aviso de regreso al trabajo, que la agencia emitió el viernes. También se negaron a discutir el número de empleados de la agencia, las decisiones de personal o los posibles costos adicionales como resultado de revertir sus planes de cancelar contratos de arrendamientos.
“El equipo de liderazgo de la GSA ha revisado las acciones de la fuerza laboral y está haciendo ajustes en el mejor interés de las agencias clientes que servimos y de los contribuyentes estadounidenses”, dijo un portavoz de la agencia en un correo electrónico.
Los demócratas han criticado el enfoque indiscriminado del gobierno federal para reducir costos y empleos. El representante Greg Stanton, el demócrata de mayor rango en la subcomisión que supervisa a la GSA, dijo a The Associated Press que no hay evidencia de que las reducciones en la agencia “hayan generado algún ahorro”.
“Ha creado una costosa confusión al tiempo que socava los mismos servicios de los que dependen los contribuyentes”, expresó.
El DOGE identificó a la agencia, que tenía alrededor de 12,000 empleados al inicio de la presidencia de Donald Trump, como un objetivo principal de su campaña para reducir el fraude, el despilfarro y el abuso en el gobierno federal.
Un pequeño grupo de asesores de confianza de Musk se integró en la sede de la GSA, a veces durmiendo en catres en el sexto piso de la agencia, y elaboró planes para cancelar abruptamente casi la mitad de los 7.500 arrendamientos en la cartera federal. El DOGE también quería que la GSA vendiera cientos de propiedades federales con el objetivo de generar miles de millones de dólares en ahorros.
La GSA comenzó por enviar más de 800 avisos de cancelación de arrendamiento a propietarios, en muchos casos sin informar a los inquilinos gubernamentales. La agencia también publicó una lista de cientos de edificios gubernamentales que estaban destinados a la venta.
Recortes masivos de empleos produjeron pocos ahorros
La reacción contra el dumping de la cartera de la GSA fue rápida, y ambas iniciativas han sido reducidas. Más de 480 contratos de arrendamiento que estaban programados por el DOGE para su cancelación han sido rescatados desde entonces. Esos contratos de arrendamiento eran para oficinas en todo el país que son ocupadas por agencias como el IRS, la Administración del Seguro Social y la Administración de Alimentos y Medicamentos.
El “Muro de Recibos” del DOGE, que una vez presumió que las cancelaciones de contratos de arrendamiento por sí solas ahorrarían casi 460 millones de dólares, ha reducido desde entonces esa estimación a 140 millones de dólares para finales de julio, según Becker, el exfuncionario de bienes raíces de la GSA.
Mientras tanto, la GSA emprendió recortes masivos de empleos. La agencia redujo el personal de la sede de la GSA en un 79%, sus gerentes de cartera en un 65% y los gerentes de instalaciones en un 35%, según un funcionario federal al tanto de la situación. El funcionario, que no estaba autorizado para hablar con los medios, proporcionó las estadísticas bajo condición de anonimato.
Como resultado de la agitación interna, 131 arrendamientos expiraron sin que el gobierno realmente desocupara las propiedades, dijo el funcionario. La situación ha expuesto a las agencias a elevadas cuotas debido a que los propietarios no han podido alquilar esos espacios a otros inquilinos.
La población podría obtener pronto una imagen más clara de lo que ocurrió en la agencia.
La Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO por sus iniciales en inglés), un organismo de control independiente del Congreso, está examinando la gestión de la fuerza laboral de la GSA, las terminaciones de arrendamientos y los planes para deshacerse de edificios, y espera dar a conocer sus hallazgos en los próximos meses, dijo David Marroni, un alto funcionario de la GAO.
