El Tribunal Supremo de Estados Unidos se inclinó este martes por levantar el veto impuesto en el estado de Colorado a las conocidas “terapias de conversión”, tras una audiencia centrada en la libertad de expresión de quienes las practican.
El alto tribunal examinó si la capacidad de un estado para prohibir estas prácticas vulnera la libertad de expresión de sus promotores, protegida por la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense.
Estas denominadas “terapias” abarcan cualquier intento de modificar la orientación sexual o la identidad y expresión de género de una persona, generalmente con base en creencias religiosas o ideologías conservadoras, buscan convertir a personas homosexuales en heterosexuales o a personas transgénero en cisgénero.
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El caso se originó tras la demanda de la terapeuta cristiana de Colorado, Kaley Chiles, quien sostiene que la ley estatal que prohíbe estas prácticas restringe su libertad de expresión al impedirle hablar libremente con sus pacientes. La Administración del expresidente Donald Trump respaldó su postura.
Durante la audiencia, los magistrados, en su mayoría conservadores, mostraron escepticismo ante la ley de Colorado y ante la capacidad de los estados para intervenir en cuestiones de este tipo. Consideraron que podría tratarse de una violación de la libertad de expresión.
El abogado de la demandante argumentó que la voz de Chiles estaba siendo “silenciada” y que las familias quedaban “sin el apoyo que ella ofrecía”, por su parte, el fiscal general de Colorado, Shannon Stevenson, sostuvo que no existen pruebas científicas que avalen la eficacia de las terapias de conversión.
“La gente lleva cien años intentando aplicar terapias de conversión sin éxito. No hay ningún estudio que demuestre su eficacia”, declaró Stevenson.
Estas prácticas son rechazadas por asociaciones médicas, organismos de derechos humanos y por personas que han pasado por ellas, ya que pueden incluir métodos coercitivos y generar secuelas psicológicas, diversos estudios señalan que quienes se someten a estas terapias tienen mayores probabilidades de sufrir problemas de salud mental.
Según la Asociación Internacional de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Trans e Intersexuales (ILGA), diecisiete países han adoptado leyes nacionales que prohíben estas prácticas, mientras que otros aplican regulaciones parciales.
En Estados Unidos, más de veinte estados han establecido restricciones. El fallo del Supremo podría sentar un precedente y afectar la legislación en otros territorios del país.
