Como parte de la Reforma Integral “Déjala Ir”, las diputadas Carmen Ligia Barceló y Liz Adriana Mieses presentaron, ante su cuerpo legislativo, el proyecto de ley que crea el Registro Unificado de Personas con Antecedentes de Violencia Doméstica, Intrafamiliar y de Género Reincidentes (Ruavid-R) y otras medidas complementarias, que introduce modificaciones a la Ley 631-16 sobre el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
El proyecto, integrado al eje de prevención y seguridad ciudadana del “Déjala Ir”, busca fortalecer la protección de las víctimas y evitar la reincidencia de los agresores, mediante la creación de un registro nacional especializado, de carácter técnico y confidencial, que permita identificar, monitorear y restringir a las personas condenadas o reincidentes por violencia doméstica, intrafamiliar o de género.
La diputada Barceló explicó que el Ruavid-R se convierte en una herramienta estratégica para reducir los feminicidios y filicidios, al permitir que las autoridades judiciales, policiales y administrativas actúen de manera coordinada frente a los agresores reincidentes.
Explicó que ese registro se propone “romper con la fragmentación institucional que permite que un agresor repita sus actos sin un seguimiento real del Estado”.
Contenido y alcance del proyecto de ley
El documento establece un marco jurídico integral que instituye el Ruavid-R como base de datos nacional administrada por la Procuraduría General de la República, en coordinación con el Ministerio de Interior y Policía y el Poder Judicial.
El registro incluirá información de toda persona que haya sido condenada mediante sentencia firme por delitos de violencia doméstica, intrafamiliar o de género, y permitirá su inscripción provisional cuando existan medidas de coerción o de protección judicial vigentes.
Además, contempla la creación de la Constancia de Verificación de Antecedentes de Violencia (Covav), que certificará si una persona está inscrita o no en el registro, documento que será requisito obligatorio para tramitar licencias de armas, permisos de expendio de alcohol y otros procesos administrativos sensibles.
La propuesta incluye el Perfil Criminológico Nacional del Agresor, un instrumento técnico de análisis de comportamiento que permitirá diseñar políticas públicas de prevención y programas de rehabilitación de agresores, con el fin de comprender las causas y patrones de la violencia reiterada.
Reformas a la Ley de Armas y restricciones automáticas
Barceló apuntó que uno de los aportes más relevantes del proyecto es la modificación de los artículos 14, 23 y 24 de la Ley 631-16, así como la incorporación del nuevo Artículo 25 (bis), que prohíbe a toda persona inscrita en el Ruavid-R, ya sea de forma provisional o definitiva, portar, poseer o tener licencia de armas de fuego.
Sostuvo que el proyecto dispone que, al momento de registrarse un agresor, la Procuraduría General de la República (PGR) notificará automáticamente al Ministerio de Interior y Policía, activando un protocolo de incautación inmediata del arma en un plazo no mayor a 48 horas.
“Esta disposición se acompaña de la obligación del Ministerio Público de notificar a la víctima o sus representantes que el arma del agresor ha sido decomisada, fortaleciendo así la respuesta institucional y la seguridad preventiva”, resaltó.
Principios rectores y garantías legales
La ley se fundamenta en principios de protección integral de las víctimas, prevención de la reincidencia, debido proceso, confidencialidad de la información y rehabilitación de los agresores, garantizando que la aplicación del registro respete los derechos fundamentales, la presunción de inocencia y la proporcionalidad de las medidas.
