I.B., una adolescente guatemalteca de 15 años, quien afirmó huir de la pobreza y de los abusos de su padre para buscar refugio en Estados Unidos, actualmente permanece bajo resguardo en un albergue, en medio de una política de deportaciones que amenaza a cientos de menores no acompañados durante la administración de Donald Trump.
Originaria de la comunidad indígena q’eqchi’, I.B. arribó en septiembre de 2024 y fue admitida por la Oficina de Asentamiento de Refugiados, posteriormente, fue colocada con una familia de acogida en Connecticut. “Dejé Guatemala por todo lo que sufría allá. Había dejado el colegio para trabajar y ayudar a mi familia; a veces nos alimentábamos de la basura. Mi padre abusó de mí”, relató en un documento judicial.
En agosto, agentes de inmigración le preguntaron si alguien podría recibirla en Guatemala. “Nadie me preguntó si tenía miedo de volver, y sí tengo”, explicó.
I.B. está representada por el Centro Nacional de Leyes Migratorias (NILC, por sus siglas en inglés), organización que en agosto logró frenar la deportación masiva de 76 menores guatemaltecos no acompañados que habían sido trasladados al aeropuerto de Harlingen, Texas, para su repatriación.
Te puede interesar leer: Congresistas oficialistas y de oposición divididos sobre impacto de obras del Gobierno
I.B. no estaba entre ellos, pero sí F.O.Y.P., de 17 años. “Llegaron a mi cuarto y me dijeron que me iban a llevar a otro refugio. Me dieron 30 minutos para alistarme. Luego me enteré de que nos llevarían a Guatemala”, relató.
Esperaron cuatro horas en un autobús y otras cuatro en un avión que nunca despegó. Algunos niños entraron en pánico. Finalmente, fueron devueltos a los refugios.
Un grupo de abogados interpuso una acción judicial de emergencia para detener la deportación, argumentando que era ilegal devolver a los menores sin la decisión de un juez de migración. Una jueza ordenó la suspensión temporal del operativo y, a mediados de septiembre, el juez federal Timothy Kelly, en Washington D.C., paralizó las deportaciones hasta que exista una resolución definitiva. La administración Trump aún no ha apelado.
Mary McCord, directora del Instituto para la Defensa Constitucional y Protección, señaló que el fallo representa “una victoria no solo para los niños guatemaltecos, sino también para todos los menores no acompañados”, ya que el tribunal consideró que los intentos de expulsión sin las protecciones legales podrían ser ilegales.
Según datos oficiales, Estados Unidos sostiene que 327 niños guatemaltecos mayores de 14 años son elegibles para regresar bajo un acuerdo bilateral, mientras que Guatemala asegura que la cifra supera los 600 menores.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) afirma que los niños deben estar con sus familias, pero el juez Kelly indicó que “no existe prueba ante el tribunal de que los padres de estos niños solicitaran su regreso” y que las autoridades guatemaltecas no localizaron a la mayoría de los progenitores.
“Mi familia de acogida me trata bien y me apoya. Me siento segura. No quiero volver a Guatemala”, declaró I.B.
El presidente guatemalteco Bernardo Arévalo explicó que la política de repatriación se basa en evitar que los menores, al cumplir 18 años, sean enviados a centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
“Todo niño no acompañado que esté en condición de regresar voluntariamente o por orden judicial será recibido”, indicó.
“Mi mamá quiere que esté a salvo y sabe que mi vida está en peligro si regreso. Se lo he dicho al juez, pero no importó porque igual quisieron deportarme”, afirmó Z.I.M.T.T., adolescente de la etnia k’iche’.
Por su parte, M.A.L.R., menor de la etnia mam, relató que un juez le informó el 29 de agosto que estaba en la lista de deportaciones. “No deseo regresar”, aseguró.
Fue retirada de su familia de acogida para trasladarla al aeropuerto, pero sufrió fiebre y mareos durante el viaje. Tras la suspensión del operativo, fue devuelta a un albergue.
Fuente externa.
