San Salvador (EFE).- La Asamblea Legislativa de El Salvador, dominada por el oficialista Nuevas Ideas (NI), aprobó este miércoles la 44 ampliación de un régimen de excepción contra las pandillas, medida que suspende garantías constitucionales.
La medida fue justificada por «la aún existencia de grupos terroristas que no de erradicarse por completo su accionar permitiría un retroceso a los logros obtenidos», según el decreto legislativo.
La ampliación de la medida, en vigor desde marzo de 2022 y que diversos analistas señalaran que también se utilizó para tratar de acallar voces críticas, se aprobó con 57 votos de 60 diputados y seguirá en vigencia hasta el próximo 1 de diciembre.
«A partir de información obtenida, mediante labores de inteligencia y el monitoreo de redes sociales, se ha detectado la utilización de gestos, señales y formas de comunicación asociadas a pandillas por parte de menores de edad, manifestadas a través de diversas expresiones en plataformas digitales», se señala como justificación en el decreto enviado por el Gobierno y leído durante la plenaria.
Además, se indica que con la medida se logró la captura de individuos vinculados a pandillas, destacando aquellos procedentes de México y Guatemala, así como la detención de líderes posteriormente deportados, en su mayoría provenientes de Estados Unidos».
El régimen de excepción en el país
La ampliación del régimen de excepción se da a pesar de que el Gobierno del presidente Nayib Bukele afirma que ha desarticulado operativamente a las pandillas.
Esta ampliación implica que seguirán suspendidos por treinta días más el derecho a la defensa de los detenidos, la inviolabilidad de las telecomunicaciones y la detención administrativa máxima de tres días, que pasa a quince.
El régimen de excepción se aprobó tras el asesinato de más de ochenta personas en un fin de semana a finales de marzo de 2022, lo que investigaciones del medio local El Faro señalan que se dio por la ruptura de un pacto entre el Gobierno y las bandas criminales.
Esta medida se ha convertido en la única apuesta del Gobierno contra las pandillas, lo que también le granjeó al presidente Bukele su reelección inmediata para un segundo mandato, pese a la prohibición constitucional, y que mantiene alta aprobación entre los salvadoreños.
El presidente salvadoreño ha reconocido que bajo este régimen se han detenido al menos a 8.000 inocentes, que habrían recibido la libertad condicional y que pese al reconocimiento seguirían con procesos penales abiertos.
Entre tanto, diversas organizaciones humanitarias han recibido más de 6.400 denuncias de violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias y torturas, y reportan más de cuatrocientas muertes de detenidos bajo custodia estatal, la mayoría con signos de violencia, según han denunciado.
