El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) de Estados Unidos, bajo la administración del presidente Donald Trump, ha ordenado a los estados investigar los registros de beneficiarios de Medicaid para identificar a personas presuntamente no elegibles por su estatus migratorio, en una medida calificada por expertos como “sin precedentes” en la historia del programa.
De acuerdo con el HHS, la directiva busca “reforzar la supervisión y proteger los recursos públicos”, garantizando que los fondos de Medicaid —programa federal y estatal que ofrece cobertura médica a personas de bajos ingresos— sean utilizados exclusivamente por ciudadanos estadounidenses o inmigrantes con estatus legal.
“El objetivo es asegurar que estos programas vitales beneficien únicamente a quienes son elegibles conforme a la ley”, señaló el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., en un comunicado emitido en agosto, en el que pidió a los 50 estados revisar listas de beneficiarios en el plazo de un mes.
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Una verificación masiva sin precedentes
Cinco estados —Colorado, Ohio, Pensilvania, Texas y Utah— confirmaron haber recibido más de 170,000 nombres de beneficiarios que deben ser investigados. Otros estados como California, Florida, Georgia, Nueva York y Carolina del Sur se negaron a proporcionar detalles o no respondieron.
Según la investigación de KFF Health News, la medida está generando una carga adicional sobre los sistemas estatales, que ya realizan verificaciones rutinarias de elegibilidad utilizando bases de datos del Seguro Social y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
“Esto duplica procesos que los estados ya ejecutan y fomenta la agenda antinmigrante del Gobierno”, advirtió Ben D’Avanzo, del Centro Nacional de Derecho Migratorio.
Riesgo de pérdida de cobertura médica
Expertos en políticas de salud alertaron que la medida podría provocar la pérdida de cobertura médica de beneficiarios legítimos debido a errores administrativos o plazos estrictos para entregar documentación.
“Las personas podrían quedar injustamente excluidas si no reciben las notificaciones o no pueden responder a tiempo”, señaló Marian Jarlenski, profesora de la Universidad de Pittsburgh.
Leonardo Cuello, investigador del Centro para Niños y Familias de la Universidad de Georgetown, calificó la orden de “sin precedentes en los 60 años del programa”, afirmando que “tiene más valor político que práctico”.
Vínculo con la política migratoria federal
La instrucción se enmarca en la ofensiva migratoria de Trump, quien ordenó a las agencias federales intensificar las acciones para evitar que inmigrantes indocumentados accedan a beneficios públicos.
En junio, los asesores del HHS ordenaron compartir información de beneficiarios con el Departamento de Seguridad Nacional, medida que provocó demandas judiciales y que un juez federal ordenó suspender en agosto.
Pese a las restricciones, el subsecretario de Salud, Jim O’Neill, ha publicado en la red social X fotografías de personas presuntamente indocumentadas que habrían recibido beneficios médicos, generando fuerte polémica.
Estados en alerta y sobrecarga administrativa
Funcionarios de Pensilvania y Utah confirmaron que están revisando cuidadosamente las listas enviadas por el Gobierno federal antes de contactar a los beneficiarios.
Brandon Cwalina, portavoz del Departamento de Servicios Humanos de Pensilvania, explicó que “la directiva constituye un nuevo proceso” y que el estado verificará la información con el DHS antes de tomar medidas.
La política coincide con la implementación de la Ley Única y Reformista, promulgada por Trump en julio, que impone requisitos laborales y verificaciones semestrales de elegibilidad en Medicaid a partir de 2027.
“Será un trabajo enorme para los estados y para el propio CMS, con poca recompensa”, concluyó Cuello.
