Al ser consultado sobre el marco internacional bajo Trump, el académico y exembajador Josué Antinoe Fiallo distinguió entre operaciones contra el crimen organizado en el Caribe y la relación tensa con Venezuela. También advirtió que el uso expansivo de designaciones de terrorismo a carteles puede generar efectos colaterales en cadenas de suministro y empresas de terceros países.
Entrevistado por el periodista Pablo McKinney en su programa para Color Visión, el exembajador ante la OEA y exjefe de misión en Costa Rica declaró que, a su juicio, el hemisferio asiste a un repliegue del multilateralismo y a una “imposición de visiones restrictivas” que presionan el orden basado en reglas: “Para países pequeños y medianos, lo único que protege es el derecho internacional”.
Sobre el papel de República Dominicana, Fiallo subrayó la alta dependencia con Estados Unidos en materia de comercio, inversión, remesas y diáspora, pero sostuvo que ello “no es incompatible con una política exterior de equilibrio”: diversificar mercados, abrir nuevas sedes diplomáticas en centros de incidencia, reposicionar al país como puente entre Caribe, Norteamérica y Sudamérica, y “defender principios” (soberanía, no intervención, paz, cooperación), de manera consistente en el tiempo para ganar credibilidad.
Enumeró, además, asignaturas pendientes: reconciliarse con el sistema interamericano de derechos humanos; actualizar la normativa migratoria (vigente desde hace dos décadas) y combatir la deshumanización del inmigrante, así como robustecer la protección e integración de la diáspora y usar la política exterior como palanca para generar capital humano en sectores críticos (semiconductores, inteligencia artificial).
Éxitos desde la Cumbre
A pocas semanas de la X Cumbre de las Américas en Punta Cana, el diplomático y académico advirtió que el hemisferio llega al encuentro “en un contexto de recesión democrática y desconfianza hacia el multilateralismo”, un clima que obligará a una negociación fina para producir resultados concretos.
Fiallo delineó las fracturas conceptuales que podrían trabar la declaración final, y los desafíos estratégicos de la República Dominicana bajo la presidencia de Donald Trump en Estados Unidos.
Recordó que la Cumbre -un foro presidencial iniciado en 1994- arriba a su décima edición “liderada y controlada por República Dominicana”, que propuso como eje la seguridad humana con focos en seguridad ciudadana, hídrica y energética. Sin embargo, anticipó “puntos de contención” en materias sensibles: migración, desarrollo sostenible y cambio climático.
Su criterio es que, en materia de migración, la disputa es semántica y política: un amplio grupo de países defiende el lenguaje previamente acordado —“personas en situación migratoria irregular”— mientras que Estados Unidos empuja por el término “ilegal”.
“En la Cumbre no se vota: se busca consenso. Si persiste la divergencia, la presidencia deberá decidir qué terminología queda en el texto, y los países verán si la rubrican”, explicó, tras recordar que no sería inédito concluir sin declaración si no hay acuerdo.
El Caribe, apuntó, llegará con “sensibilidades no negociables” sobre equidad y vulnerabilidad climática. También prevé diferencias sobre rutas y velocidades de la transición energética, dadas las asimetrías de capacidades en la región. Y consideró que, con estabilidad macroeconómica, baja polarización relativa y una democracia que roza el medio siglo, RD dispone de una ventana excepcional para “salir con principios, defenderlos y jugar un rol útil” en su vecindario.
«El éxito de la Cumbre -y del país- dependerá de traducir consensos en mandatos implementables sin ceder a los atajos del unilateralismo», concluyó.
