La organización Human Rights Watch (HRW) denunció este miércoles que los migrantes venezolanos enviados por Estados Unidos a El Salvador fueron víctimas de torturas, violencia sexual y tratos inhumanos en la megacárcel construida por el presidente Nayib Bukele para pandilleros.
Según el informe, elaborado junto a la ONG centroamericana Cristosal, los 252 venezolanos fueron trasladados entre marzo y abril al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) como parte de un acuerdo entre los gobiernos de Donald Trump y Bukele, bajo acusaciones no comprobadas de pertenecer al grupo criminal Tren de Aragua.
“Los casos de tortura y malos tratos a venezolanos en El Salvador no fueron incidentes aislados cometidos por algunos guardias, sino violaciones sistemáticas de derechos humanos”, afirmó HRW en su informe titulado “Llegaron al infierno”.
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Los migrantes permanecieron cerca de cuatro meses en condiciones que la organización calificó de “infrahumanas”: sin comunicación con familiares, con alimentación insuficiente y en espacios con grave deterioro sanitario.
“La administración Trump pagó a El Salvador millones de dólares para detener arbitrariamente a venezolanos que luego fueron sometidos casi a diario a golpizas brutales”, denunció Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW.
El reporte documenta casos de violencia sexual, incluyendo el testimonio de un venezolano que relató haber sido violado por cuatro guardias. Otros afirmaron que eran golpeados por hablar en voz alta o pedir agua.
En julio, los venezolanos fueron repatriados a su país como parte de un canje de prisioneros entre Washington y Caracas, que incluyó la liberación de diez ciudadanos y residentes estadounidenses y unos 80 presos políticos en Venezuela.
De acuerdo con la investigación, la mitad de los detenidos no tenía sentencia judicial y apenas un 3% había sido condenado en Estados Unidos por delitos violentos. Además, 62 migrantes fueron deportados mientras sus procesos de asilo aún estaban activos.
HRW y Cristosal afirmaron que solicitaron información sobre las detenciones tanto al Gobierno de El Salvador como al de Estados Unidos, sin obtener respuesta.
Ante la negativa de ambos países a revelar el paradero y las condiciones de los prisioneros, las organizaciones los acusan de “desaparición forzada”, un delito reconocido por el derecho internacional.
“En algún momento deberá abrirse una investigación para establecer responsabilidades. Este caso constituye una grave complicidad de Estados Unidos en torturas sistemáticas”, advirtió Goebertus.
El informe llega en medio de fuertes cuestionamientos internacionales por el uso del Cecot, una megacárcel que alberga a más de 60 mil reclusos, y que Bukele ha defendido como símbolo de su política de “mano dura” contra las pandillas.
HRW pidió a la comunidad internacional exigir transparencia y respeto a los derechos humanos en las prisiones salvadoreñas y cuestionó el rol de Estados Unidos en acuerdos migratorios que violan normas internacionales.
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