El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., anunció este jueves que al menos 37 senadores, congresistas y empresarios involucrados en un masivo escándalo de corrupción relacionado con proyectos de control de inundaciones podrían estar en prisión antes de Navidad, en medio de la indignación pública y crecientes protestas en las calles.
Durante una conferencia de prensa televisada, Marcos confirmó que una comisión independiente de investigación ha presentado denuncias penales por malversación, corrupción y saqueo —este último, un delito no excarcelable— contra los principales implicados.
Además, se radicaron cargos contra 86 ejecutivos de empresas constructoras y nueve funcionarios del gobierno por presunta evasión fiscal equivalente a 9,000 millones de pesos filipinos (unos 152 millones de dólares).
“Sé que antes de Navidad, muchos de los que fueron señalados estarán en la cárcel. No presentamos casos por aparentar, sino para encarcelar a quienes robaron fondos públicos”, declaró el mandatario ante los medios.
Proyectos fantasmas y fondos desviados
Las denuncias surgen tras descubrirse una cadena de proyectos de control de inundaciones de mala calidad, defectuosos o inexistentes, en un país que figura entre los más vulnerables del mundo ante tifones, inundaciones y desastres climáticos.
La tragedia más reciente, el tifón Kalmaegi, dejó 232 muertos y 125 desaparecidos, mientras que el supertifón Fung-Wong azotó días después el norte del país, causando 27 muertos y millones de afectados.
El presidente explicó que el Consejo Antilavado de Dinero ya ordenó congelar los activos de los sospechosos, incluyendo 1,671 cuentas bancarias, 144 propiedades, 244 vehículos y otros bienes valorados en más de 6,300 millones de pesos filipinos (unos 107 millones de dólares).
Asimismo, 13 autos y camionetas de lujo, entre ellos modelos europeos y británicos de alta gama, fueron incautados y siete de ellos serán subastados en las próximas semanas.
“Será una señal importante ver que realmente hay consecuencias para el robo de los fondos públicos”, comentó el embajador de Dinamarca, Franz-Michael Mellbin, durante un foro empresarial en Manila.
Presión política y protestas en las calles
El caso ha desatado una ola de indignación social, con manifestaciones previstas durante todo el fin de semana y una nueva protesta nacional el 30 de noviembre.
La vicepresidenta Sara Duterte, enfrentada políticamente a Marcos, aseguró que el mandatario también debe rendir cuentas por haber firmado el presupuesto nacional de 2025, que incluía fondos para los proyectos bajo investigación.
“Tiene una gran deficiencia en su trabajo para la nación, por lo que podría terminar en la cárcel él mismo”, advirtió Duterte ante periodistas.
El Gobierno inauguró recientemente una nueva cárcel en Quezón City, con capacidad para 800 detenidos, donde serían recluidos los acusados. Las autoridades prometieron que no habrá privilegios para políticos poderosos.
Una red que alcanza a aliados y opositores
La investigación abarca 9,855 proyectos de control de inundaciones valorados en más de 545,000 millones de pesos (unos 9,000 millones de dólares) ejecutados desde que Marcos asumió el poder en 2022.
El secretario de Finanzas, Ralph Recto, estimó que al menos 118,500 millones de pesos (unos 2,000 millones de dólares) se habrían perdido por corrupción desde 2023.
Entre los señalados figuran legisladores aliados y opositores del Gobierno, incluyendo al expresidente de la Cámara de Representantes, Martin Romualdez, primo y colaborador cercano de Marcos, quien ha negado toda acusación. También se investiga a figuras vinculadas al expresidente Rodrigo Duterte, férreo crítico del actual mandatario.
“Nadie es inmune, nadie está exento en estas investigaciones”, concluyó el presidente de Filipinas.
