El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil dio este viernes un paso decisivo al avalar que Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, sea llevado a juicio por obstrucción a la justicia vinculada al caso del intento de golpe atribuido a su padre.
Los jueces Flávio Dino, Cristiano Zanin y Alexandre de Moraes, relator del caso, votaron a favor de aceptar la denuncia de la Fiscalía, que acusa al legislador de usar amenazas o presiones graves para interferir en un proceso judicial. Con tres votos necesarios dentro del panel de cinco magistrados, el inicio del juicio queda prácticamente asegurado, aunque la votación formal permanece abierta hasta el 25 de noviembre.
Según los fiscales, Eduardo Bolsonaro habría presionado a gobiernos extranjeros, incluido Estados Unidos, para que aplicaran sanciones económicas contra Brasil con el fin de influir en los procedimientos contra su padre. De ser declarado culpable, enfrenta una pena de uno a cuatro años de prisión, además de multa.
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Actualmente, Eduardo Bolsonaro permanece en autoexilio en Estados Unidos, desde donde calificó los cargos como una persecución política. En la red X afirmó que no tuvo control sobre decisiones de Washington como aranceles o sanciones, por lo que, según él, no puede ser acusado de coacción.
El caso se desarrolla en paralelo a la situación judicial de Jair Bolsonaro, condenado en septiembre a 27 años y 3 meses de prisión por intento de golpe tras su derrota electoral de 2022. El expresidente guarda arresto domiciliario mientras se agotan sus apelaciones.
El proceso también ha tensado las relaciones entre Brasil y Estados Unidos: el presidente Donald Trump impuso recientemente un arancel del 50% a productos brasileños, alegando que el juicio contra Bolsonaro era una “cacería de brujas”. Washington también sancionó al juez Alexandre de Moraes y a otros funcionarios brasileños.
De Moraes, en su voto, advirtió que las acciones de Eduardo Bolsonaro representaron una “seria amenaza” al Estado brasileño debido a la coordinación de presiones externas, incluidas sanciones, restricciones de visas y la aplicación de la Ley Magnitsky.
El STF continúa revisando etapas procesales mientras Brasil enfrenta uno de los capítulos judiciales y políticos más delicados desde el retorno a la democracia.
