El Ministerio Público calificó como una “desconsideración” y una “burla al proceso penal” la renuncia colectiva de los abogados de Emmanuel Rivera Ledesma, principal imputado del caso Nido, a pocas semanas de que concluyera el juicio de fondo por la millonaria estafa inmobiliaria.
Las fiscales Magalys Sánchez y Laura Vargas Toledo deploraron la salida abrupta de los representantes legales del acusado, señalando que la maniobra afecta directamente a las víctimas, quienes llevan años esperando justicia y han invertido recursos para seguir el proceso judicial.
“Estamos indignados por el comportamiento del imputado y sus defensas técnicas, que hoy se destaparon con una renuncia colectiva”, afirmó Sánchez, tras recordar que el Ministerio Público agotó más de dos meses de presentación de pruebas y ya se encontraba en la etapa final del juicio.
Una de las abogadas alegó motivos de salud relacionados con su embarazo, mientras que la otra, perteneciente al bufete Fortiori Consultores Legales, renunció sin presentar excusa. Las fiscales advirtieron que esta acción rompe el principio de inmediación, lo que obliga a detener el proceso pese al avanzado estado del juicio.
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El Ministerio Público lamentó el impacto humano y económico que esta decisión provoca en los querellantes.
“Las víctimas han tenido que pagar vuelos y abogados para estar presentes en las audiencias. Esta renuncia las revictimiza”, aseguró Sánchez.
Debido a la salida de la defensa, el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional —integrado por los jueces Keyla Pérez Santana, Elías Santini y Arisleyda Méndez Batista— aplazó la audiencia para el 9 de diciembre a las 9:00 a. m., fecha límite para que Rivera Ledesma presente un nuevo abogado o sea representado por la Defensoría Pública.
El proceso involucra a Emmanuel Rivera Ledesma y otros cinco acusados, además de dos empresas señaladas como parte del entramado: IndisArq SRL y CRD Equipos Pesados SRL.
Según la acusación, la red operaba bajo la fachada de proyectos inmobiliarios falsos, mediante los cuales estafó a cientos de personas dentro y fuera del país. Las víctimas pagaron sumas millonarias por apartamentos y locales que nunca fueron entregados.
El expediente detalla un perjuicio que supera los RD$235 millones y los US$10 millones, fondos que fueron depositados en cuentas vinculadas al grupo y luego dilapidados.
El Ministerio Público también sostiene que Rivera Ledesma utilizó nombres de figuras públicas para ganar credibilidad y que intentó presionar a víctimas para que retiraran sus querellas, incluso firmando nuevos contratos fraudulentos.
La investigación incluyó 25 allanamientos en San Cristóbal, Dajabón, Espaillat, Sánchez Ramírez y el Distrito Nacional, donde las autoridades incautaron bienes y propiedades del grupo. El MP asegura que los imputados llevaban un estilo de vida lujoso financiado con el dinero de las víctimas.
Los encartados están acusados de:
- Estafa
- Falsificación de documentos
- Asociación de malhechores
- Lavado de activos
En violación a los artículos 265, 266, 405, 59, 60 y 147 del Código Penal.
De no presentarse una nueva defensa para Rivera Ledesma en la fecha establecida, el tribunal designará la Defensoría Pública para continuar con el juicio, en un caso que mantiene en vilo a más de cien víctimas y representa una de las operaciones contra estafa inmobiliaria más grandes de los últimos años en República Dominicana.
