Tres abogados denunciaron que el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) mantiene una “persecución aviesa” en su contra mediante un proceso disciplinario que, aseguran, es irregular, infundado y contrario a la Constitución, la ley y las garantías del debido proceso.
Los juristas Mariel León Lebrón, Lilia Fernández León y Joel Del Rosario explicaron que, aunque el Tribunal Superior Administrativo declaró nulo el proceso disciplinario inicialmente abierto, el Tribunal Disciplinario del CARD decidió continuar con la investigación y, además, iniciar un nuevo expediente.
Según relatan, este segundo proceso habría sido promovido por la parte adversa de uno de sus clientes en un caso de divorcio, sin que mediara investigación previa ni acusación formal por parte de la Fiscal Nacional del gremio. Añadieron que esas actuaciones se sustentan en una supuesta resolución de la Junta Directiva del CARD publicada únicamente con la firma de su presidente, Trajano Vidal Potentini, lo que describen como otra “grave irregularidad”.
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Los profesionales del derecho recordaron que recientemente fueron objeto de una “amplia y extraña campaña mediática” tras ser declarados “litigantes temerarios” por la presidencia de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, decisión que luego fue revocada por la Corte de Apelación de Santo Domingo, al determinar que vulneraba derechos fundamentales y que sus actuaciones en defensa de su clienta no constituían práctica temeraria.
El conflicto disciplinario se origina en un proceso de divorcio, en el cual los abogados han solicitado medidas para proteger los intereses económicos de una mujer ante presuntos actos de distracción y ocultamiento patrimonial atribuidos al esposo.
A pesar de las decisiones judiciales a su favor y de que no pesan sanciones vigentes en su contra, los juristas aseguran que el CARD insiste en impulsar procesos disciplinarios que, a su juicio, vulneran garantías constitucionales y normas estatutarias.
Informaron que acudirán a los mecanismos legales correspondientes para resguardar su honor profesional y exigir que el gremio actúe conforme al marco normativo que lo regula.
