La llegada de la primera ministra Takaichi Sanae, conocida por su línea dura en materia de seguridad, marca el inicio de la transformación militar más profunda de Japón desde la posguerra.
Su gobierno impulsa un rearme acelerado para responder a la creciente presión de China y Corea del Norte, así como a la incertidumbre sobre el compromiso de Estados Unidos como aliado estratégico.
El cambio quedó reflejado recientemente cuando el destructor JS Chokai viajó a California para ser equipado con misiles Tomahawk, armas capaces de alcanzar objetivos en territorio chino y norcoreano.
Es la primera vez que Japón adquiere misiles de ataque terrestre de largo alcance, rompiendo un tabú que por décadas limitó su defensa a fines estrictamente defensivos.
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La estrategia de Takaichi busca profundizar un proceso iniciado por el fallecido Shinzo Abe, quien elevó el gasto en defensa y flexibilizó leyes que restringían el uso de la fuerza. Su sucesor, Fumio Kishida, reforzó esa línea con una revisión estratégica en 2022 que amplió las capacidades militares del país. Ahora, Takaichi acelera ese camino con un objetivo claro: convertir a Japón en una potencia militar moderna.
Uno de los puntos centrales es el aumento del gasto en defensa al 2% del PIB, meta que el gobierno pretende alcanzar antes de lo previsto mediante un presupuesto suplementario. Pero en el propio PLD se considera que ese porcentaje “no será suficiente”, lo que anticipa presupuestos aún más altos en los próximos años.
Los fondos apuntan a ampliar las capacidades de las Fuerzas de Autodefensa (FAD). Japón desplegará misiles de fabricación nacional en Kyushu, ha incorporado su primer caza F-35B y prioriza el almacenamiento de municiones desde la invasión rusa a Ucrania. Las nuevas amenazas —desde drones hasta ciberataques e inteligencia artificial— obligan al país a adaptarse rápidamente a la guerra moderna.
Sin embargo, el camino presenta obstáculos. La depreciación del yen encarece la compra de armamento extranjero, mientras que un eventual regreso de Donald Trump podría intensificar la presión para que Japón aumente aún más su inversión militar.
Takaichi también promueve cambios estructurales. Planea crear una agencia nacional de inteligencia para centralizar la información estratégica, mientras el PLD afina una nueva estructura de mando que permita una mejor coordinación entre las ramas de las FAD y las fuerzas estadounidenses. Además, su gobierno impulsa una mayor flexibilidad legal para actuar en el ciberespacio y quiere eliminar por completo las restricciones históricas a la exportación de armas.
Incluso las políticas nucleares japonesas podrían revisarse. Aunque la ley limita el uso militar de la energía nuclear, el interés en adquirir submarinos de propulsión nuclear —como los que Corea del Sur comprará a Estados Unidos— ha reabierto el debate sobre los tres principios antinucleares establecidos desde 1967.
El rearme, no obstante, enfrenta límites políticos y sociales. Las subidas de impuestos para financiar el aumento del gasto militar han sido pospuestas y chocan con la necesidad de atender a una población envejecida. Además, las FAD enfrentan una grave escasez de personal, con déficits que superan el 10% y alcanzan casi 40% en los rangos bajos. El gobierno espera atraer reclutas con mejores condiciones de vida, incluyendo internet satelital en los buques y nuevas facilidades para las tripulaciones.
Bajo el mandato de Takaichi Sanae, Japón está entrando en una nueva era. El país acelera la ruptura de los límites que marcaron su política de defensa durante casi 80 años, al tiempo que se prepara para un entorno regional más tenso e impredecible. La pregunta ahora es hasta dónde llegará esta transformación impulsada por la nueva y agresiva líder del país.
