Washington (AP).- The Associated Press y la administración del presidente Donald Trump renovaron sus argumentos el lunes sobre la autoridad de un presidente para limitar el acceso a periodistas con los que él no está de acuerdo, reanudando una disputa judicial con implicaciones constitucionales que comenzó el invierno pasado cuando el mandatario anunció que había renombrado el Golfo de México.
Trump restringió el acceso de la AP a eventos en espacios más pequeños como el Despacho Oval y el avión presidencial Air Force One, lo que llevó al medio de comunicación a demandar. Un tribunal federal inferior falló que Trump tomó represalias de manera inapropiada contra el medio porque no se refería al cuerpo de agua como el Golfo de Estados Unidos.
El Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia impidió que el fallo entrara en vigor, dejando así en manos de la Casa Blanca la determinación del acceso de la AP. El lunes, un panel de tres jueces de esa corte escuchó argumentos sobre una apelación del fallo del tribunal inferior.
No se emitió un fallo el lunes.
Un desacuerdo fundamental sobre las reglas de acceso
La administración dice que le corresponde a la Casa Blanca determinar la composición de los medios de comunicación que cubren al presidente en lugares donde el espacio es limitado. Y que él puede recompensar o castigar a los reporteros con acceso en estos casos de la misma manera que lo hace al otorgar entrevistas, argumentó el equipo de Trump.
La AP dice que si los periodistas están invitados a cubrir un evento, como la semana pasada cuando el presidente tuvo reuniones en el Despacho Oval con el príncipe heredero de Arabia Saudí y el alcalde electo de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, con base en la libertad de expresión, no se puede discriminar a una organización de noticias.
“La Primera Enmienda no se detiene en la puerta del Despacho Oval”, dijo Charles Tobin, el abogado que representa a la AP.
La Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos garantiza los derechos de libre expresión y de acción.
Desde que comenzó la disputa, la Casa Blanca ha dado a los periodistas de The Associated Press acceso esporádico a eventos de espacio limitado en la Casa Blanca. Los fotógrafos de la AP han recibido acceso mucho más frecuente. Tobin argumentó que la Casa Blanca ha perjudicado el negocio de la AP con su nueva política; durante años, los periodistas de la agencia estuvieron siempre incluidos en estos eventos de prensa.
Pero en su escrito apoyando su propia posición, la administración dijo que “en la medida en que la AP construyó un modelo de negocio que dependía de la suposición de que mantendría este estatus de nación favorecida a perpetuidad, eso difícilmente es culpa del gobierno”.
La AP informa y produce para miles de medios de comunicación y otras organizaciones en todo el mundo.
Tobin presentó su argumento ante tres jueces que ilustraron que la AP enfrenta una batalla cuesta arriba en esta lucha, a pesar del fallo del tribunal inferior. Dos de ellos, Gregory Katsas y Neomi Rao, son designados por Trump que votaron en contra de la AP como parte de un panel de apelación separado la pasada primavera. Y expresaron escepticismo el lunes sobre cómo se podría implementar una regla que satisfaga las preocupaciones del medio.
“Eventualmente, necesitarías una orden judicial contra el presidente para que esto funcione, ¿no?”, le preguntó Rao. Es extremadamente inusual que un juez emita una orden judicial contra un presidente; ellos generalmente actúan contra personas que trabajan para el jefe ejecutivo.
“¿Cómo podríamos decidir qué es un evento de ‘pool’ (prensa) y un evento de un periodista individual?”, preguntó Rao.
Yaakov Roth, el asistente del Departamento de Estado que argumenta a favor de la administración Trump, también se preguntó sobre las reglas establecidas que limitan la autoridad de un presidente para invitar a personas a verlo en la Casa Blanca. “Nadie va a venir aquí y decir que el presidente tiene que invitar a igual número de republicanos y demócratas a la fiesta de Navidad de la Casa Blanca”, dijo.
Roth fue cuestionado por el tercer juez del panel, Robert Wilkins, quien preguntó si la administración podría prohibir a un grupo de ciudadanos de Kansas que compró boletos para recorrer la Casa Blanca si un designado de Trump descubre que uno de ellos había publicado algo en las redes sociales criticando al presidente.
“¡Ay del público!”, expresó Wilkins, quien fue designado por el expresidente Barack Obama.
Un caso sobre la libertad de prensa que trasciende la prensa
Julie Pace, editora general de AP, escribió en un artículo de opinión el lunes por la mañana que la cuestión del acceso no es solo sobre la AP; es sobre el acceso de la gente al gobierno que trabaja para ellos.
“Cuando hablamos de libertad de prensa, realmente estamos hablando de tu libertad. Los reporteros hacen preguntas, los fotógrafos toman fotos y los periodistas de video graban la historia en tu nombre para asegurarse de que estés informado sobre las cosas que no tienes tiempo de descubrir, ver o aprender por ti mismo”, escribió Pace.
“Permitir que el gobierno controle qué periodistas pueden cubrir la oficina más importante del país y establecer reglas sobre lo que esos periodistas pueden decir o escribir es un intento directo de socavar la Primera Enmienda”, escribió Pace. “Debería preocuparnos a todos”.
Casi cuatro decenas de organizaciones de prensa y medios de comunicación, desde ProPublica hasta Fox News Channel, junto con The New York Times y The Washington Post, presentaron un escrito en apoyo de la AP.
La decisión de la AP sobre el Golfo de México es significativa porque está incluida en su influyente Manual de Estilo (Stylebook), que es consultado por periodistas de todo el mundo.
El estilo de la AP recomienda mencionar el cambio de nombre del Golfo por parte de Trump. El presidente dijo que el acceso de la AP seguirá restringido hasta que la agencia cambie su estilo.
Irónicamente, el asunto del nombre del Golfo de México se ha desvanecido. Un estudio del Nieman Lab el mes pasado encontró que en el periodismo, el uso del Golfo de Estados Unidos se ha limitado en gran medida a medios conservadores y publicaciones comerciales que lidian frecuentemente con la regulación gubernamental.
