La Fundación Primero Justicia acudió este miércoles al Congreso Nacional, específicamente a la Cámara de Diputados, para denunciar lo que calificó como “aprestos” para aprobar una contrarreforma procesal penal que, según afirma, ampliaría los plazos de prisión preventiva hasta 36 meses y permitiría que un proceso penal pueda extenderse hasta seis años, y en casos extremos, hasta 20 años.
De acuerdo con la organización, la iniciativa legislativa incluye medidas que “violan la presunción de inocencia” y que colocarían a los ciudadanos en riesgo de caer en procesos indefinidos. “Dicha reforma va a autorizar el embargo preventivo de los bienes sin siquiera citar a los afectados, va a poder imponerse medida de coerción sin citar a las partes interesadas”, señaló la entidad.
La Fundación también advirtió que la propuesta busca instaurar la “ampliación e interrupción” del plazo de prisión preventiva si el imputado solicita una revisión de su medida. Además, denunció que se pretende crear un estado de reiteración delictiva, mediante el cual, si el Ministerio Público deposita varias acusaciones contra una misma persona, “la prisión preventiva prácticamente se va a convertir en imperativa”.
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La Fundación Primero Justicia criticó además la forma en que —según sostienen— se estaría conduciendo el debate legislativo. Afirmó que el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, designó una comisión especial “al margen del pleno”, lo que consideró como una violación al procedimiento interno.
“Lo peor de este proceso es que se pretende aprobar al margen del reglamento de la Cámara de Diputados”, señaló la entidad, y alertó que esto “abre las puertas a un avanzado deterioro institucional” en el país. La fundación sostuvo que a raíz de estas decisiones, “dominicanos y dominicanas van a tener que podrirse en las cárceles”.
La organización recordó que el sistema penitenciario dominicano enfrenta un 70% de presos preventivos sin expediente, cifra que —asegura— aumentaría “de manera considerable” si la contrarreforma se aprueba.
Calificó como “una barbaridad” que, mediante una comisión que tildan de ilegal, se busque modificar garantías constitucionales como el debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a un juicio en plazo razonable. “Todo el poder lo tendrá el Ministerio Público y un sistema de justicia ya asfixiado por presiones políticas y económicas”, advirtió.
La Fundación Primero Justicia aseguró que, si realmente se busca responder a la sentencia 765-24 del Tribunal Constitucional sin afectar derechos fundamentales, la solución sería reaplicar la Ley 10-15 de manera provisional, hasta que el Congreso decida si aprobará o no un nuevo Código Procesal Penal.
La entidad insistió en que la reforma que se discute “viola derechos fundamentales consagrados en los artículos 40 y 69 de la Constitución Dominicana”, y denunció que todo el proceso se sustenta en una “supuesta emergencia” y en una comisión bicameral ilegal, ya que —según recordó— “solo el pleno de la Cámara de Diputados tiene esa potestad y no lo ha hecho”.
