El exsenador de La Romana, Iván Silva, denunció una grave crisis ambiental y social en Cotuí, así como el desalojo forzoso de más de dos mil 500 familias de sus tierras agrícolas, un hecho que atribuye a acciones impulsadas por la minera Pueblo Viejo Dominicana (PVD) con la supuesta complicidad del Gobierno y del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP).
Calificó el episodio como un ejemplo de “capitalismo depredador” que privilegia la explotación minera por encima de la vida humana y del patrimonio natural del país.
Según Silva, el foco de mayor preocupación es el riesgo medioambiental derivado de la cercanía entre una gigantesca piscina de cianuro perteneciente a la minera y dos tanques de Gas Licuado de Petróleo (GLP), con una capacidad conjunta estimada en 160,000 galones.
El exlegislador advirtió que la alta corrosividad de los químicos utilizados en las operaciones mineras acelera el deterioro de los tanques de GLP, creando un “riesgo latente de explosión” cuyas consecuencias —afirma— serían catastróficas, incluida la posible liberación de una nube tóxica capaz de destruir toda forma de vida en las zonas adyacentes.
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En su denuncia, Silva aseguró que el desalojo no solo desplazó a entre 2,500 y 2,600 familias, sino que también está provocando un daño irreversible a la riqueza hídrica y agrícola de la región. La ampliación de las operaciones mineras, acompañada por la creación o desbordamiento de presas de cola, habría destruido extensas áreas de producción agrícola que sostenían la economía local.
El exsenador agregó que la situación se agrava con la supuesta contaminación de tres importantes ríos de Cotuí y al menos catorce arroyuelos, donde se habría detectado una “nube roja” de desechos que, según afirma, llega hasta las fuentes de agua y expone a la población al consumo de agua contaminada y a gases tóxicos.
Acusa al Estado de la explotación minera sin supervisión
Silva también acusó al Estado de incumplir la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, al permitir —según él— que las operaciones de la minera avancen sin la adecuada supervisión. Aseguró que existe una presunta alianza entre el Gobierno, el CONEP y Pueblo Viejo Dominicana, y que funcionarios clave del Ministerio de Medio Ambiente actúan como “abogados corporativos”, priorizando intereses empresariales sobre los de la ciudadanía. Esta supuesta complicidad, dijo, también se reflejaría en decisiones del Tribunal Superior Administrativo (TSA), que habría rechazado advertencias sobre los riesgos de la infraestructura minera.
“El peligro que hoy denunciamos fue advertido formalmente ante el TSA hace aproximadamente tres años, mediante una demanda presentada cuando aún era senador”, recordó Silva. Explicó que aquella acción legal buscaba la suspensión temporal de las operaciones o la reubicación del depósito de cianuro o de los tanques de GLP, sustentando la solicitud con imágenes satelitales que mostraban la peligrosidad de la proximidad entre ambas estructuras. El rechazo de la demanda, advirtió, permitió que la minera continuara operando en condiciones que hoy representan un alto riesgo para la población
