Por Lety Bonnin.- En los últimos días, el debate político en Estados Unidos se ha intensificado luego de que el presidente Donald Trump afirmara que “any document signed by Biden with an Autopen is hereby terminated, and of no further force or effect”, sosteniendo además que “Sleepy Joe did not personally participate in the signing process”.
Con estas declaraciones, Trump sugirió que podría anular de forma masiva decisiones tomadas durante la administración Biden, alegando que fueron firmadas de manera “ilegal”. Sin embargo, más allá del impacto político de la frase, la realidad jurídica es contundente: ni la Constitución ni ninguna ley federal respalda la idea de que una firma con autopen sea inválida, ni existe un mecanismo para revocar documentos basándose en ese argumento.
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La Constitución de Estados Unidos no exige que el presidente firme a mano ni especifica cómo deben formalizarse las órdenes ejecutivas, las proclamaciones o la promulgación de leyes. El texto constitucional nunca menciona la forma de la firma, y mucho menos condiciona la validez de un acto presidencial a la presencia física del mandatario en cada firma. Mientras un presidente esté en funciones, todo lo que firma; sea a mano, digitalmente o mediante autopen; es válido. En derecho estadounidense, la validez depende del cargo, no del instrumento.
El uso del autopen no es nuevo ni exclusivo de Biden. Se utiliza desde la década de 1950 y lo han usado presidentes demócratas y republicanos, incluidos Eisenhower, Kennedy, Reagan, Clinton, George W. Bush, Obama, el propio Trump y ahora Biden. En 2005, el Office of Legal Counsel del Departamento de Justicia estableció que el autopen es completamente legal siempre que el presidente autorice su uso. En más de 70 años de historia, ningún tribunal ha invalidado un documento por haber sido firmado con ese dispositivo.
Trump también elevó su acusación al afirmar que el uso del autopen durante la administración Biden constituye “ilegal” y “a fraud on the American people”. Sin embargo, ese argumento carece totalmente de sustento legal. Para que la capacidad o participación del presidente afecte la validez de sus decisiones, debe activarse la 25ª Enmienda, un proceso formal que requiere la participación del vicepresidente, la mayoría del gabinete y posteriormente el Congreso. Nada de eso ocurrió durante Biden, por lo que sus actos oficiales no pueden ser cuestionados retroactivamente bajo teorías de incapacidad o ausencia en el proceso de firma.
Incluso si se aceptara la premisa, jurídicamente incorrecta, de que el método de la firma podría invalidar documentos, un presidente no tiene la facultad de anular de manera masiva las decisiones de su antecesor. Para revertir una orden ejecutiva debe emitir otra; para cambiar una regulación debe seguir el proceso administrativo correspondiente; y para derogar leyes necesita acción del Congreso. No existe ningún mecanismo constitucional que permita eliminar miles de decisiones en bloque basándose en afirmaciones políticas.
En resumen, el debate sobre el autopen y las acusaciones de Trump no tiene sustento en la Constitución ni en la ley. La firma mecánica está autorizada, su uso es histórico y la capacidad del presidente no puede cuestionarse retroactivamente sin activar los procesos correspondientes. Las declaraciones sobre que los documentos de Biden son “nulos” responden más a la retórica política del momento que a la realidad institucional de Estados Unidos.
