Santo Domingo.- El juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Raymundo Mejía, fue apoderado de una nueva querella en el caso Jet Set. La acción legal está dirigida contra Grecia López, madre de Antonio Espaillat, por un monto de RD$50 millones.
López figura en el registro mercantil como representante de la Sociedad Comercial E y L, entidad encargada de la operación del establecimiento nocturno. Los querellantes son Patricia Elizabeth Paola Ulloa, Valerie Patricia, Osiris Arturo y Osiris Armando Blanc Paola, esposa e hijos de Ramón Osiris Blanc Castillo, quien murió durante el desplome del techo, según reportan medios nacionales. Hasta ahora, no se conoce otra querella contra la madre de Espaillat.
Uno de los abogados de otros querellantes, Yan Carlos Martínez, explicó que en este caso existen implicaciones de “homicidio voluntario con el dolo eventual como elemento constitutivo principal (artículo 295 del Código Penal)”.
A principios de noviembre, el Ministerio Público presentó acusación formal y requerimiento de apertura a juicio en contra de los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, procesados por el colapso del techo de la discoteca Jet Set Club que dejó 236 personas muertas y más de 100 heridas el pasado 8 de abril de este 2025.
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En la instancia, depositada ante la Oficina Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, el Ministerio Público está representado por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público; la fiscal titular del Distrito Nacional, Rosalba Ramos.
También, por el procurador de corte Héctor García, los fiscales Magalys Sánchez, Miguel Collado y Rosa Ysabel Mejía, y los fiscalizadores Vladimir Viloria y Enmanuel Ramírez Sánchez.
El Ministerio Público establece que, en sus acciones, como responsables de la operación del local de diversión que operaba en la avenida Independencia, del Distrito Nacional, los hermanos Espaillat incurrieron en homicidio involuntario y golpes y heridas involuntarias, delitos castigados en los artículos 319 y 320 del Código Penal dominicano.
