Luego de su detención en un Centro del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la madre del sobrino de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, recuperó su libertad bajo fianza, tras la orden impuesta por la jueza Bruna Ferreira.
La jueza de inmigración Cynthia Goodman fijó una fianza minina de 1.500 dólares, para liberar a Ferreira, la cual sigue sujeta a un proceso de deportación.
Se trata de una ciudadana brasileña de 33 años, quien fue detenida mientras recogía su hijo, el 12 de noviembre en Revere, Massachusetts, y quien actualmente comparte custodia de un hijo de 11 años con su aprometido Michael Leavitt, hermano de Karoline Leavitt.
El caso, de inmediato tuvo un auge mediático por el vínculo con la portavoz de la Casa Blanca, una de las voces defensoras de la campaña de deportaciones de la Administración de Donald Trump.
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El abogado que representa al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Lucas Vega, no intervino en la decisión de la jueza, asumiendo que no representa un peligro para la sociedad ni existe riesgo de fuga.
Desde el inicio, el DHS ha acusado a Ferreira de ser una “criminal” y la Administración la ha presentado como una madre ausente, que no había tenido contacto con Karoline Leavitt en años, sin embargo, Ferreira ha negado estas acusaciones, mediante declaraciones a Ferreira, en The Washington Post.
“Le pedí a Karoline que fuera la madrina por encima de mi única hermana”, dijo el jueves en una entrevista en vídeo con el diario. “Cometí un error al confiar en ella… No puedo ni imaginarme por qué están creando esta historia”.
La Casa Blanca emitió un comunicado en el que afirmaba que Ferreira no había hablado con Leavitt en años y que nunca había vivido con su hijo. La brasileña afirmó que dichas declaraciones son “repugnantes” y falsas.
Antes de su arresto, contó que su rutina consistía en trabajar administrando negocios de limpieza y ropa, ir a clases de yoga y pasar tiempo con su hijo. Dijo que lo llevaba en coche a la escuela, lo animaba en sus partidos deportivos y llenaba su habitación de ositos de peluche, videojuegos y guantes de boxeo, “todo lo que un niño necesita”, declaró a The Washington Post.
Con Ferreira, el Gobierno ha seguido la tónica que acostumbra con los migrantes detenidos, acusándolos de ser criminales, a pesar de que la gran mayoría de los arrestados carece de antecedentes penales. Su abogado cree que se pueden referir a un incidente de 2008, cuando Ferreira, con 16 años, fue citada ante un tribunal de menores tras una pelea con otra chica a las afueras de un Dunkin’ Donuts, pero nunca fue detenida y el caso fue desestimado.
Leavitt y Ferreira estuvieron comprometidos, pero se separaron antes de que se celebrara la boda. El hijo de ambos reside con el padre y la madrastra en New Hampshire, pero Ferreira lo podía recoger los fines de semana. Los tribunales, donde ambos intercambiaron acusaciones de abuso y negligencia, ordenaron la custodia compartida.
