El ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, expresó su respaldo a las actuaciones del Ministerio Públicoen torno al caso de la presunta estafa al Seguro Nacional de Salud (Senasa), al asegurar que el Gobierno acompaña a la población y respeta plenamente la independencia del sistema de justicia.
Al referirse al proceso, Atallah indicó que el tema se encuentra en manos de las instituciones correspondientes y llamó a permitir que las investigaciones sigan su curso. “Lo importante es que nosotros nos sumamos a las acciones del Ministerio, un gobierno que ha sabido entender que la justicia es independiente y le está dando el valor que tiene que darle”, sostuvo.
El funcionario manifestó que las autoridades comprenden la preocupación existente en la ciudadanía y reiteró el apoyo del Ministerio de Salud a todas las decisiones que adopten los órganos judiciales. “Entendemos la preocupación de la nación en ese sentido y lo que queremos decir a la población es que nosotros estamos con ellos, y vamos a respaldar cada una de las medidas que tome el Ministerio Público”, afirmó.
Se recuerda que a Santiago Hazim y otros cinco hombres se les impuso una medida de coerción de 18 meses de prisión preventiva por su vinculación en la estafa a Senasa. Inicialmente, la medida sería cumplida en Najayo Hombres; sin embargo, los imputados fueron trasladados a la nueva cárcel de Las Parras.
El cambio fue solicitado por escrito al juez por el titular de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales, Roberto Santana, debido a que el área de máxima seguridad de Najayo Hombres se encuentra llena, por lo que, por razones de espacio, se optó por el nuevo penal.
Posteriormente, el juez de la Oficina de Atención Permanente, Rigoberto Sena Ferreras, fijó para el 11 de marzo de 2026, a las 9:00 de la mañana, la revisión obligatoria de la medida de coerción impuesta a los imputados.
Asimismo, el magistrado estableció que la medida de arresto domiciliario impuesta a Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo y Eduardo Read Estrella tendrá una duración máxima de ocho meses, salvo que el tribunal competente disponga su modificación ante un cambio en los presupuestos que motivaron su imposición.
