Por: Joel Suriel
Las reclamaciones por servicios de salud pendientes de liquidación y/o pago en el Seguro Nacional de Salud (Senasa), cuyo desfalco de más de RD$15,000 millones y se encuentra en etapa judicial, ascendieron a RD$20,159,789,752.49 al 31 de diciembre de 2024, de acuerdo el estado financiero de la institución dado a conocer recientemente.
El monto corresponde a la suma de las reservas por reclamaciones liquidadas y pendientes de pago, así como a las reclamaciones aún pendientes de liquidación, reflejando un alto volumen de compromisos financieros con los Prestadores de Servicios de Salud (PSS).
El documento detalla que una parte significativa de estas obligaciones presenta antigüedad considerable, incluyendo facturas con más de 180 y 360 días sin saldar, lo que evidencia retrasos prolongados en los pagos
Según el desglose, las reclamaciones pendientes de liquidación alcanzan RD$13,853,045,962.82, mientras que las reclamaciones ya liquidadas pero aún no pagadas suman RD$6,306,743,789.67, concentrándose principalmente en clínicas, hospitales, centros médicos, médicos especialistas, suplidores de medicamentos y prestadores de servicios diagnósticos.
Estas cifras colocan a SeNaSa bajo fuerte presión financiera, ya que el volumen de reclamaciones pendientes supera ampliamente el nivel de activos disponibles al cierre del ejercicio fiscal..
Caso judicial SENASA
El pasado domingo, el juez de la atención permanente Rigoberto Sena Ferreras impuso 18 meses de prisión preventiva a Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector del SeNaSa y cabecilla del entramado de corrupción, así como a Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim, Ada Ledesma Ubiera y Ramón Alan Speakler Mateo, por el desfalco de más de 15 mil millones de pesos en la aseguradora estatal.
Para los imputados Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo y Eduardo Read Estrella, el juez impuso arresto domiciliario, garantías económicas e impedimento de salida del país.
Wilson Camacho representó al Ministerio Público junto a la procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), así como a los fiscales Rosa Alba García, Enmanuel Ramírez, Yudelka Holguín, Alexis Piña, Ernesto Guzmán y Aurelio Valdez.
