El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), anunció este martes la imposición de sanciones contra 10 personas y entidades de Venezuela e Irán, vinculadas a la proliferación internacional de drones de combate y materiales relacionados con misiles balísticos.
Entre los sancionados figura la Empresa Aeronáutica Nacional S.A. (EANSA), con sede en Venezuela, señalada por su participación en la adquisición, ensamblaje y mantenimiento de aeronaves no tripuladas de diseño iraní, así como en la negociación de ventas millonarias de estos sistemas a las fuerzas armadas venezolanas.
El subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley, afirmó en un comunicado que “el Tesoro está exigiendo responsabilidades a Irán y Venezuela por su proliferación agresiva e imprudente de armas letales en todo el mundo”. Añadió que Estados Unidos continuará actuando para impedir que quienes facilitan el acceso del complejo militar-industrial iraní al sistema financiero estadounidense se beneficien de ello.
La medida responde a una directriz presidencial de seguridad nacional orientada a frenar el programa de misiles balísticos de Irán y a impedir el desarrollo y transferencia de armas convencionales y asimétricas por parte de Teherán. Según Washington, estas actividades representan una amenaza para el personal estadounidense y sus aliados en Oriente Medio, así como para la estabilidad del transporte marítimo en el mar Rojo. En el caso venezolano, la entrega de armas a Caracas es considerada un riesgo directo para los intereses de Estados Unidos en el hemisferio occidental.
El rol de EANSA y los drones iraníes
La OFAC detalló que EANSA y su presidente, José Jesús Urdaneta González, están implicados en la adquisición y ensamblaje de drones de la serie Mohajer, fabricados por la empresa iraní Qods Aviation Industries (QAI). Estos equipos son reetiquetados en Venezuela bajo la denominación ANSU.
Desde 2006, Venezuela e Irán han coordinado la transferencia de estos sistemas, particularmente el Mohajer-6, un dron de combate con capacidades de inteligencia, vigilancia y reconocimiento. EANSA también supervisa el mantenimiento de modelos como el Mohajer-2, conocido localmente como Arpía o ANSU-100, con capacidad para lanzar bombas guiadas iraníes tipo Qaem.
El Tesoro recordó que QAI fue sancionada en 2023 por sus vínculos con el Ministerio de Defensa y Logística de las Fuerzas Armadas de Irán (MODAFL), entidad sancionada desde 2020 por su rol en el suministro internacional de armas.
Sanciones por químicos para misiles
Las sanciones también alcanzan a tres personas radicadas en Irán, acusadas de participar en la adquisición de químicos estratégicos para la industria de misiles, como perclorato de sodio, ácido sebácico y nitrocelulosa, destinados a la empresa estatal Parchin Chemical Industries (PCI), parte de la Organización de Industrias de Defensa (DIO).
El perclorato de sodio es clave para la fabricación de combustible sólido de cohetes, mientras que los otros compuestos se utilizan en propulsores avanzados. Entre los sancionados figura Mostafa Rostami Sani, presidente de una empresa iraní que coordinó la adquisición de decenas de toneladas métricas de perclorato para PCI. Tanto PCI como DIO ya estaban bajo sanciones de Estados Unidos y del Consejo de Seguridad de la ONU.
Con información de Infobae.
Por: Yari Araujo
