Santo Domingo.– Durante 2025, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Pro-Competencia) consolidó su liderazgo como órgano rector de la política de competencia en la República Dominicana, tras alcanzar hitos relevantes en promoción, prevención, investigación y fortalecimiento institucional, con impacto directo en la eficiencia de los mercados y el bienestar de la población.
Uno de los principales logros del año fue la sensibilización de más de 20 000 personas, la cifra más alta registrada por la institución desde su creación, como parte de una estrategia sostenida para fortalecer la cultura de la libre y leal competencia en los sectores público y privado.
En el ámbito normativo, Pro-Competencia impulsó la adopción de la Política Nacional de Competencia, promulgada por el presidente Luis Abinader mediante el Decreto núm. 196-25. Con esta iniciativa, la República Dominicana se convirtió en el primer país de América Latina en contar con una política nacional integral en esta materia, orientada a promover un crecimiento económico más justo, inclusivo y sostenible.
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Como parte de sus acciones preventivas, la institución fortaleció la defensa de la competencia en las compras públicas mediante la capacitación de más de 800 funcionarios de las Comisiones de Ética e Integridad y de los Comités de Compras de 196 instituciones públicas, en coordinación con la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG).
A esto se sumó la publicación de la Guía para la prevención y detección de la colusión, destinada a facilitar la identificación temprana de esta práctica anticompetitiva, que genera pérdidas significativas al Estado.
En materia de investigación, la Dirección Ejecutiva de Pro-Competencia estableció un récord en la apertura de procesos, al iniciar cinco investigaciones que involucran a 16 agentes económicos, reforzando la aplicación efectiva de la Ley núm. 42-08.
En el marco de sus funciones de Abogacía de la Competencia, Pro-Competencia emitió informes de recomendación a distintas instancias del Estado, con aportes relevantes a los proyectos de ley de Contrataciones Públicas, del Código Penal y a la modificación de la Ley 225-20 sobre gestión integral de residuos sólidos, con el objetivo de fortalecer la libre competencia y la libertad de empresa.
Asimismo, elaboró un informe sobre las barreras a la competencia identificadas en los pliegos de condiciones de las licitaciones del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) para mochilas, uniformes y zapatos escolares correspondientes a 2024.
Durante el año, la institución publicó estudios de alto impacto, entre ellos el Estudio de condiciones de competencia de las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS), que analiza 14 años de información del sector. También fortaleció el Observatorio de Condiciones de Competencia en los Mercados, una herramienta de monitoreo permanente para identificar riesgos anticompetitivos.
A nivel internacional, Pro-Competencia afianzó el posicionamiento del país mediante su participación en foros de alto nivel, como el Foro Global sobre Competencia 2025, celebrado en París, y el Foro Latinoamericano y del Caribe de Competencia (FLACC) 2025, realizado en Paraguay, entre otros espacios regionales y globales. Además, la República Dominicana fue sede de eventos internacionales relevantes en materia de competencia y mercados digitales.
En cuanto al fortalecimiento institucional, Pro-Competencia culminó el proceso de certificación ISO 9001:2015, obtuvo la medalla de bronce en el Premio Nacional a la Calidad en el Sector Público y puso en funcionamiento la aplicación ProCompetenciaRD, así como el chatbot Libera, el primer asistente virtual especializado en libre competencia dentro de la administración pública dominicana.
Durante 2025, la institución también suscribió nueve acuerdos de cooperación con entidades nacionales e internacionales, orientados a fortalecer la promoción de la competencia, la transparencia y la formación técnica especializada.
Con estos resultados, Pro-Competencia reafirma su compromiso con la construcción de mercados más justos, eficientes y transparentes, en apoyo al desarrollo económico y al bienestar de la sociedad dominicana.
