Nueva York (CNN).- Hace más de tres décadas, el Gobierno de Estados Unidos llevó a cabo el arresto de un líder extranjero que tuvo un fuerte impacto internacional: Manuel Noriega, entonces hombre fuerte de Panamá. Ese caso, documentó CNN, podría servir como guía para fiscales, abogados defensores y jueces que hoy participan en el proceso contra Nicolás Maduro, presidente de Venezuela.
Al igual que Maduro, Noriega fue acusado de participar en una operación a gran escala para introducir drogas de contrabando en Estados Unidos. CNN informó que el líder panameño también fue capturado mediante una operación militar ejecutada en su propio país.
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Los abogados de Noriega emprendieron una defensa agresiva y sostuvieron que el Departamento de Justicia del entonces presidente George H. W. Bush había violado el derecho internacional y las garantías del debido proceso al invadir Panamá y detenerlo en el extranjero. Asimismo, alegaron que Noriega gozaba de inmunidad como jefe de Estado.
En el caso venezolano, los fiscales acusan a Maduro de dirigir “bandas patrocinadas por el Estado” y de facilitar el narcotráfico. Al respecto, Steve Vladeck, analista legal de CNN y profesor de Derecho en la Universidad de Georgetown, dijo en su boletín One First que Maduro “probablemente presentará una serie de objeciones importantes al proceso”, similares a las planteadas por Noriega.
El proceso podría involucrar “nuevos argumentos constitucionales y de derecho internacional” que atraerían a abogados defensores de alto perfil, expresó Elie Honig, analista legal sénior de CNN. “Realmente hemos visto muy pocos casos como este”.
No obstante, los argumentos de Noriega no prosperaron. Fue juzgado y condenado en 1991, y recibió una sentencia de 40 años de prisión. Tras su condena, en 1992, un juez federal determinó que era un prisionero de guerra y debía contar con ciertos derechos en prisión, aunque el alcance práctico de ese fallo fue limitado.
Clark Neily, del centro de pensamiento Cato Institute, señaló que un factor clave fue que los tribunales estadounidenses “se negaron a considerar la legalidad de la invasión en sí”. En un artículo citado por CNN, explicó que “los tribunales federales sostuvieron que la forma en que un acusado es llevado ante un tribunal estadounidense, incluso por la fuerza y desde suelo extranjero, no anula la jurisdicción penal”.
Si Maduro alegara que fue llevado ilegalmente a Estados Unidos, existe jurisprudencia que permite procesar a acusados aun cuando su traslado haya sido irregular. CNN recordó que los fiscales podrían respaldarse en un memorando de 1989 elaborado por William Barr, entonces en la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia, que sostenía que el presidente tenía “autoridad constitucional inherente” para ordenar arrestos en el extranjero, incluso si contravenían el derecho internacional.
Barr, quien luego sería secretario de Justicia, mantuvo esa postura, aunque su memorando sigue siendo objeto de controversia entre expertos legales.
Según Vladeck, “los argumentos más difíciles para los fiscales serán los relacionados con el derecho de Maduro a algún tipo de inmunidad”, ya sea por su condición de jefe de Estado o porque los delitos imputados estarían vinculados a actos oficiales.
En el caso Noriega, los tribunales aceptaron la posición del poder ejecutivo, que negó su inmunidad y destacó la “naturaleza claramente ilegal de los actos imputados”. Sin embargo, CNN subrayó una diferencia clave: el Departamento de Estado no reconocía a Noriega como jefe de Panamá.
Aún está por verse si los tribunales revisarán ese precedente, dado que el Departamento de Justicia describió a Maduro en la acusación revelada el sábado como el “gobernante de facto, pero ilegítimo” de Venezuela.
En conclusión, Vladeck advirtió que “el proceso no será sencillo”, especialmente en lo relativo a los cargos que pesan directamente sobre Maduro.
