El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y otros altos funcionarios informaron ayer a líderes del Congreso sobre la sorpresiva operación militar estadounidense en Venezuela, en medio de crecientes cuestionamientos sobre la estrategia del presidente Donald Trump y la falta de consultas previas con los legisladores.
Durante la sesión a puerta cerrada en el Capitolio, los líderes republicanos expresaron mayoritariamente su respaldo a la decisión de Trump de sacar del poder por la fuerza al presidente venezolano, Nicolás Maduro, en ese sentido varios demócratas manifestaron preocupación por la ausencia de una visión clara para el futuro del país sudamericano, mientras Estados Unidos mantiene una flota naval frente a la costa venezolana y promueve la reinversión de empresas estadounidenses en la industria petrolera local.
Esta semana, el Senado votará una resolución sobre poderes de guerra que busca prohibir cualquier acción militar en Venezuela sin la aprobación del Congreso, lo que refleja el creciente debate institucional generado por la operación.
Te puede interesar leer: Llueven criticas al Gobierno de Uruguay por su posición frente a la crisis en Venezuela
“No prevemos que haya soldados en el terreno”, afirmó el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, quien aseguró que la acción estadounidense no persigue un cambio de régimen, sino un cambio de comportamiento para impedir el narcoterrorismo y el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. “Esto no es un cambio de régimen. Esto es una exigencia para un cambio de comportamiento”, subrayó.
Johnson añadió que la incautación de exportaciones petroleras venezolanas es una forma de presión que podría conducir rápidamente a un nuevo gobierno. Sin embargo, la senadora demócrata Jeanne Shaheen, líder de su partido en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, advirtió que “todavía hay muchas preguntas más que necesitan respuesta”.
En la misma línea, el congresista Gregory Meeks cuestionó los costos de la operación. “¿Cuál es el costo? ¿Cuánto le va a costar esto a Estados Unidos de América?”, planteó tras la reunión.
La sesión informativa, que se prolongó por más de dos horas, tuvo lugar días después de iniciada la operación militar, de la que muchos legisladores no fueron informados previamente, pese a que el Congreso tiene la autoridad final en asuntos de guerra. A la reunión asistieron el secretario de Defensa, Pete Hegseth; el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine; y la fiscal general Pam Bondi.
Los funcionarios respondieron preguntas sobre una posible presencia militar adicional, el rol de la oposición venezolana y el nuevo escenario político tras la asunción de Delcy Rodríguez como presidenta interina. Al ser consultado sobre quién ejerce realmente el poder en Venezuela, el senador Mark Warner reconoció: “Desearía poder decirte que sí, pero no puedo”.
Líderes del Comité Judicial del Senado reclamaron no haber sido incluidos en la sesión, al considerar que supervisan el Departamento de Justicia. Previamente, el líder demócrata Chuck Schumer alertó que la acción en Venezuela podría marcar el inicio de una política exterior peligrosa, al recordar el interés expresado por Trump en otros países. “El pueblo estadounidense no ha dado su consentimiento para otra ronda de guerras interminables”, afirmó.
Dentro del Partido Republicano también se evidencian divisiones, reflejo de tensiones internas en el movimiento MAGA, mientras persiste la incertidumbre sobre los próximos pasos en Venezuela y un eventual proceso electoral.
El senador Rick Scott sostuvo que planea dialogar con la líder opositora María Corina Machado, a quien considera con amplio respaldo popular, mientras que el senador Rand Paul advirtió que la acción estadounidense establece “un precedente muy negativo” y cuestionó su constitucionalidad. “No se puede decir que bombardear una capital y deponer al presidente de un país extranjero no sea una declaración de guerra”, afirmó.
