El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina, destacó que la mora judicial se ha reducido a su mínima expresión, ya que el 90% de los casos se resuelve en un promedio de 12 meses o menos, con plazos más previsibles y favorables para la vida de las personas y el desarrollo del país.
En su discurso por el día del Poder Judicial, Molina realzó los avances logrados sobre la mora: ahora, los casos civiles y comerciales tardan un máximo de un año en promedio; los inmobiliarios, contencioso-administrativos, tributarios y laborales, se resuelven en unos 6 meses; los casos penales, en tres meses se solucionan el 80% de ellos; y en 24 horas los procesos de extradición.
«El primer objetivo fue erradicar la mora, una obligación cívica impostergable. Porque detrás de cada expediente hay personas en incertidumbre, inversiones paralizadas, víctimas sin respuestas o inocentes privados de libertad», dijo.
«Se dice rápido, pero lo cierto es que hemos eliminado más de 40 años de mora judicial estructural, instaurando una disciplina férrea y una cultura de rechazo al retardo», añadió.
Molina declaró que la Suprema Corte modela el rigor que anima al sistema. Por consiguiente, la lucha contra la tardanza se ha extendido a todos los tribunales.
«Hoy, con gran satisfacción podemos afirmar que el 87 % de las salas a nivel nacional están al día y la información judicial se encuentra actualizada en línea», expuso.
Reconoce desafíos
A pesar de estos avances, Molina reconoció que aún persisten retos y desafíos en los departamentos más congestionados y en materias como la inmobiliaria.
«De los 11 departamentos judiciales, sólo Santo Domingo no alcanza el 80% de tribunales al día, lo que marca hoy nuestra prioridad de trabajo más inmediata.»
«Los asuntos administrativos se redujeron del 49 al 36 % del total de casos, lo que da a los jueces más espacio para cumplir su función constitucional de decidir sobre los conflictos entre las personas», indicó.
«Todo esto constituye un logro país; por ello es justo agradecer la labor del Congreso Nacional, pues estos resultados no habrían sido posibles, ni sostenibles, sin tres leyes importantes:
a. la Ley que habilita y regula el uso de medios digitales en el Poder Judicial;
b. la Ley sobre Recurso de Casación; y
c. la Ley Orgánica de los Actos del Estado Civil.»
Asimismo, resaltó la implementación del Sistema Electrónico de Garantías Mobiliarias y otras iniciativas impulsadas por el Poder Ejecutivo para la simplificación y aceleración de trámites.
En torno al sistema penal, dijo que trabajan junto al Ministerio Público y a la Defensa Pública, promoviendo una cultura de acuerdos para la solución temprana y no adversarial. «El programa que inició en la provincia Hermanas Mirabal demostró que sí se puede: Pasamos de un 13 a un 75% de casos resueltos por acuerdo en el último trimestre del pasado año», anotó.
Y concluyó así esa parte de su discurso:
«Las recientes reformas a la justicia penal representan un gran reto, pero también una oportunidad que debe ser aprovechada para eficientizar y humanizar el sistema. En especial, para mejorar los plazos del proceso penal que aún no se cumplen, lo que afecta a las víctimas y a los privados de libertad».
