El juicio preliminar del denominado caso Calamar se reanuda este viernes, en un proceso que involucra a altos exfuncionarios del Estado dominicano acusados de presuntos actos de corrupción administrativa, lavado de activos y enriquecimiento ilícito, vinculados, según el Ministerio Público, a la sustracción de más de 19 mil millones de pesos del erario.
La audiencia está pautada para iniciar a las 9:00 de la mañana, con la participación de la defensa del excandidato presidencial y exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, quien presentará sus argumentos en contra de las imputaciones formuladas por el órgano acusador.
Además de Castillo, el expediente incluye a los exministros José Ramón Peralta, quien se desempeñó como ministro Administrativo de la Presidencia, y Donald Guerrero, exministro de Hacienda, así como al exdirector de Casinos, Oscar Chalas Guerrero. Todos enfrentan cargos por su supuesta participación en un entramado que habría utilizado pagos irregulares por expropiaciones de terrenos para beneficiar intereses particulares y, presuntamente, financiar la campaña presidencial de Gonzalo Castillo en el año 2020.
El Ministerio Público ya concluyó la exposición de sus argumentos, sosteniendo que los encartados incurrieron en prevaricación, lavado de activos y enriquecimiento ilícito, al desviar fondos públicos mediante mecanismos fraudulentos. Según la acusación, parte del dinero obtenido habría sido canalizado para fines político-electorales.
Posteriormente, tomaron la palabra los querellantes, aunque la mayoría retiró sus querellas y abandonó el proceso, alegando que los pagos cuestionados se realizaron conforme a la ley, ya que —afirman— los desembolsos correspondían a propietarios legítimos de terrenos y no a recursos del Estado. Esta postura ha sido utilizada por las defensas para sostener que no existió perjuicio económico ni conducta delictiva.
En el desarrollo del caso, Oscar Chalas Guerrero admitió los hechos que se le imputan, se declaró culpable y devolvió 17 millones de pesos, mientras que el resto de los acusados se declaró inocente, asegurando que las tierras involucradas habían sido declaradas de utilidad pública, ocupadas por el Estado y pagadas a precios establecidos por los tribunales competentes, por lo que, según su versión, no hubo irregularidades en las negociaciones.
La audiencia está a cargo de la Altagracia Ramírez, jueza del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, quien deberá evaluar si existen elementos suficientes para enviar el caso a juicio de fondo.
En el plano político, el proceso volvió a generar reacciones. El vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana, Yván Lorenzo, calificó el expediente como un “fraude procesal”, al cuestionar el informe de auditoría elaborado por la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República, documento en el que el Ministerio Público basó parte de su acusación.
Lorenzo sostuvo que dicho informe contiene vicios de origen y que fue utilizado para construir un caso con motivaciones políticas, argumento que se suma a la estrategia de defensa asumida por los imputados, quienes denuncian irregularidades en la investigación y en la sustentación técnica del expediente.
El caso Calamar es considerado uno de los procesos de corrupción más relevantes de los últimos años en República Dominicana, tanto por el monto económico involucrado como por el perfil de los acusados, y su desenlace será clave para el sistema de justicia y el combate a la corrupción administrativa en el país.
