Las agresiones con sustancias químicas corrosivas conocidas como “ácido del diablo” registraron una reducción del 99 % durante el año 2025 de acuerdo con datos oficiales, como resultado de las medidas de control, fiscalización y persecución penal implementadas desde el Estado para limitar su comercialización y uso.
La disminución está asociada a las acciones ejecutadas por el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), entidad que desde marzo de 2021 reforzó los controles sobre la venta, distribución y manejo de sustancias químicas altamente peligrosas, tras el incremento de ataques que en años anteriores generaron alarma social.
Durante el período más crítico, el país llegó a registrar más de un centenar de agresiones con ácido, la mayoría dirigidas contra mujeres, provocando lesiones permanentes, desfiguración y traumas irreversibles, además de un fuerte reclamo ciudadano por respuestas más severas del Estado.
Las medidas incluyeron operativos a nivel nacional, decomisos masivos, cierres de establecimientos, sometimientos a la justicia y una coordinación permanente con el Ministerio Público y organismos de seguridad, enfocadas en erradicar la venta informal e ilegal de estos productos.
En septiembre de 2021, el presidente Luis Abinader anunció públicamente una ofensiva contra este tipo de sustancias, advirtiendo que no se permitiría que continuaran afectando a familias dominicanas y que se aplicaría todo el peso de la ley contra quienes las comercializaran de forma irresponsable.
Desde entonces, las autoridades intensificaron la vigilancia y endurecieron los controles, lo que derivó en una caída sostenida de los ataques, hasta alcanzar en 2025 una reducción considerada histórica por especialistas en seguridad y derechos humanos.
Organizaciones defensoras de los derechos de la mujer coinciden en que esta disminución representa un avance significativo en la prevención de la violencia extrema, al demostrar que la regulación efectiva, la acción institucional coordinada y la persecución penal pueden impactar de forma directa en la reducción de delitos graves.
Las autoridades mantienen las medidas de control vigentes y advierten que no habrá retrocesos en la fiscalización de sustancias químicas peligrosas, con el objetivo de evitar que este tipo de agresiones vuelva a repetirse.
