El principal responsable judicial de Teherán anunció este martes que varios casos vinculados a las protestas en curso han sido remitidos a tribunales con cargos que incluyen “moharebeh”, un concepto del derecho iraní que puede conllevar la pena de muerte, el anuncio se produce mientras el país comienza a salir de varios días de cortes de comunicaciones que dejaron a gran parte de la población aislada del exterior.
Ali Alghasimehr afirmó que el sistema judicial de la provincia está plenamente preparado para gestionar los procesos contra quienes calificó como terroristas y contra los detenidos durante las manifestaciones, “La judicatura provincial de Teherán tiene plena disposición para tratar estos casos”, declaró, al precisar que se han habilitado salas especiales para escuchar las causas.
El cargo de “moharebeh”, que literalmente significa “hacer la guerra contra Dios”, ha sido utilizado históricamente por el régimen iraní contra opositores políticos y manifestantes, el anuncio se conoció después de que, por primera vez en varios días, ciudadanos iraníes pudieran realizar llamadas telefónicas al extranjero, tras el apagón de comunicaciones impuesto durante la represión de las protestas.
Te puede interesar leer: Régimen iraní reconoce alrededor de 2.000 muertos durante la represión de las protestas
Activistas aseguran que la represión ha dejado al menos 646 muertos. Testigos relataron a la agencia AP una fuerte presencia de fuerzas de seguridad en el centro de Teherán, con edificios gubernamentales incendiados, cajeros automáticos destrozados y escasa circulación de peatones. Durante los disturbios, varios bancos y oficinas públicas fueron atacados y quemados, según los testimonios.
De acuerdo con los testigos, agentes antidisturbios equipados con cascos y chalecos antibalas portaban bastones, escudos, escopetas y lanzadores de gas lacrimógeno, y vigilaban las principales intersecciones, en distintos puntos de la ciudad también se observó la presencia de miembros de la fuerza Basij, integrada por voluntarios de la Guardia Revolucionaria, así como de agentes de seguridad vestidos de civil.
Más de 10.700 personas han sido detenidas en las dos semanas de protestas, según la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos, una organización que ha demostrado fiabilidad en disturbios anteriores. De acuerdo con su balance más reciente, 512 de los fallecidos eran manifestantes y 134 miembros de las fuerzas de seguridad.
Varias personas en Teherán lograron comunicarse el martes por la mañana con The Associated Press, aunque la oficina de la agencia en Dubái no pudo devolver las llamadas, los testigos señalaron que los mensajes de texto seguían sin funcionar y que los usuarios de internet solo podían acceder a sitios web aprobados por el Gobierno dentro del país, sin conexión con plataformas extranjeras.
Las tiendas permanecían abiertas, aunque con poco tránsito en la capital, el Gran Bazar de Teherán, donde comenzaron las protestas el pasado 28 de diciembre, tenía prevista su reapertura el martes. Sin embargo, un testigo afirmó haber hablado con varios comerciantes que dijeron haber recibido órdenes de las fuerzas de seguridad para reabrir, independientemente de la situación. Los medios estatales iraníes no confirmaron esa instrucción.
Los testigos consultados hablaron bajo condición de anonimato por temor a represalias. Con el acceso a internet severamente restringido, la evaluación de las protestas desde el extranjero continúa siendo difícil. Hasta el momento, el régimen iraní no ha ofrecido cifras oficiales globales sobre el número de víctimas.
