Un tribunal de Corea del Sur condenó el viernes al expresidente Yoon Suk Yeol a cinco años de prisión, en el primer veredicto de los ocho juicios penales que enfrenta por la debacle de la ley marcial que lo obligó a dejar el cargo y por otras acusaciones.
Yoon fue sometido a un juicio político, arrestado y destituido tras su breve imposición de la ley marcial en diciembre de 2024, una decisión que desencadenó multitudinarias protestas ciudadanas que exigían su salida del poder.
La acusación más grave sostiene que la aplicación de la ley marcial constituyó un acto de rebelión, en ese proceso, un fiscal independiente ha solicitado la pena de muerte, cuyo veredicto se conocerá el próximo mes.
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El expresidente ha argumentado que no pretendía someter al país a un régimen militar prolongado y que su decreto solo buscaba advertir a la población sobre los riesgos de un Parlamento controlado por los progresistas, que, según él, bloqueaba su agenda. Sin embargo, los investigadores interpretaron la medida como un intento de reforzar y prolongar su mandato, y lo acusaron de rebelión, abuso de poder y otros delitos penales.
En el fallo dictado el viernes, el Tribunal del Distrito Central de Seúl declaró a Yoon culpable de desafiar los intentos de detenerlo, falsear la proclamación de la ley marcial y eludir la reunión del Consejo de Ministros en pleno exigida por ley, privando a miembros de su gobierno no convocados de su derecho a deliberar sobre la medida.
El juez Baek Dae-hyun señaló en una resolución televisada que era necesario imponer “un castigo severo” porque Yoon no ha mostrado remordimiento y se ha limitado a reiterar “excusas difíciles de comprender”. Añadió que la sentencia busca restaurar los sistemas legales dañados por las acciones del exmandatario.
El equipo legal de Yoon anunció que apelará el fallo, al que calificó de “politizado” y reflejo de “los argumentos antiliberales del fiscal independiente”. Sus abogados sostienen que la sentencia “simplificó en exceso el límite entre el ejercicio de los poderes constitucionales del presidente y la responsabilidad penal”.
Las condenas que pueda recibir Yoon en los juicios menores pendientes serán relevantes si finalmente se le exime de la pena capital o de la cadena perpetua en el proceso por rebelión. Park Sung-bae, abogado especializado en derecho penal, afirmó que es poco probable que el tribunal imponga la pena de muerte y consideró más factible una condena de cadena perpetua o de 30 años o más de prisión.
Corea del Sur mantiene una moratoria de facto sobre las ejecuciones desde 1997, y los tribunales rara vez dictan sentencias de muerte. Según Park, la corte podría tener en cuenta que el decreto de Yoon no causó víctimas y tuvo una duración limitada, aunque el exmandatario no haya mostrado arrepentimiento genuino.
El país también tiene antecedentes de indultar a expresidentes encarcelados con el argumento de promover la unidad nacional. Entre los beneficiados figura el exlíder autoritario Chun Doo-hwan, condenado inicialmente a muerte por su golpe de Estado de 1979 y la represión de protestas prodemocráticas en 1980 que dejaron unos 200 muertos.
Algunos analistas sostienen que Yoon podría mantener una postura desafiante en los juicios en curso para conservar el apoyo de su base política, convencido de que no puede evitar una larga condena, pero con la expectativa de un eventual indulto.
La noche del 3 de diciembre de 2024, Yoon declaró de forma sorpresiva la ley marcial en un discurso televisado en el que afirmó que eliminaría a las “fuerzas antiestatales” y protegería “el orden democrático constitucional”. Ordenó el despliegue de soldados y policías alrededor de la Asamblea Nacional, aunque el operativo permitió que el Parlamento siguiera funcionando.
No se registraron disturbios graves, pero la maniobra provocó la mayor crisis política en Corea del Sur en décadas y sacudió su diplomacia y sus mercados financieros. Para muchos ciudadanos, el decreto —el primero de este tipo en más de 40 años— evocó el recuerdo de las dictaduras militares de los años setenta y ochenta.
Tras la destitución de Yoon, el líder progresista Lee Jae Myung fue elegido presidente en comicios anticipados celebrados en junio. Ya en el cargo, nombró a tres fiscales independientes para investigar las acusaciones contra Yoon, su esposa y sus colaboradores.
Los otros procesos judiciales incluyen acusaciones de haber ordenado vuelos de drones sobre Corea del Norte para provocar hostilidades y justificar la ley marcial, manipular una investigación por la muerte de un marine en 2023 y recibir encuestas gratuitas de un intermediario electoral a cambio de favores políticos.
