El Gobierno de Guatemala decretó un estado de sitio por 30 días en respuesta a la escalada de violencia atribuida a pandillas y organizaciones criminales, en un contexto donde la administración asegura estar recuperando el control de instituciones capturadas y restableciendo la justicia nacional.
Según el Ejecutivo, la medida no afectará la vida cotidiana ni los procesos institucionales, aunque sí representa un endurecimiento legal para frenar intentos de desestabilización.
“No negociamos con criminales; en el marco de la ley y la espada de la justicia los estamos poniendo de rodillas”, afirmó la administración tras recientes operativos en los que se liberó a todos los rehenes de centros penitenciarios sin víctimas fatales.
Como medida de duelo por los fallecimientos de agentes policiales, el Gobierno decretó tres días de luto nacional, con el pabellón del Palacio Nacional a media asta, subrayando el impacto humano de estos hechos y reafirmando la prioridad estatal de proteger la seguridad pública.
De acuerdo con la legislación guatemalteca, el estado de sitio se activa ante actividades terroristas, sediciosas, de rebelión, asesinatos, secuestros o ataques armados que amenacen el orden constitucional o la seguridad estatal. Durante este régimen, el presidente asume la conducción nacional como Comandante General del Ejército, delegando la ejecución directa al ministro de Defensa Nacional.
Durante el estado de sitio, todas las entidades estatales deben colaborar con la autoridad militar. Las fuerzas armadas reciben facultades extraordinarias para intervenir y disolver organizaciones, aun sin personería jurídica, y detener a sospechosos sin orden judicial previa. También se permite el uso de medios preventivos, defensivos u ofensivos para restaurar la normalidad ante amenazas al orden legal.
El Gobierno atribuyó la violencia reciente a la pérdida de privilegios de grupos delictivos afectados por las reformas de seguridad y al avance estatal sobre estructuras criminales enquistadas. Las autoridades reportan que la estrategia ya está mostrando resultados, sin suspender la vida institucional ni interrumpir las actividades diarias del país.
El presidente del Congreso, Luis Alberto Contreras Colíndres, manifestó respeto y solidaridad hacia los agentes de la Policía Nacional Civil, asegurando que el sacrificio de los caídos no quedará sin reconocimiento y que el Estado acompaña a las familias en el duelo nacional.
Durante este fin de semana violento, las cárceles de Guatemala registraron disturbios y motines, mientras que grupos delictivos cometieron asesinatos contra agentes policiales. Los operativos permitieron rescatar a más de 40 rehenes, asegurar armas e iniciar traslados médicos con participación de equipos de rescate.
Los hechos también motivaron que la embajada de Estados Unidos emitiera alerta de emergencia para sus ciudadanos residentes en Guatemala. Además, se suspendieron clases, se redujo el transporte, se cancelaron actividades recreativas y misas, entre otras medidas preventivas.
Al cierre de esta nota, se reportaban ocho policías muertos y más de diez heridos, además de otros incidentes de violencia que mantienen al país centroamericano en alerta.
