Santo Domingo.- Luego de que el programa N Investiga revelara sobre los cobros irregulares equivalentes al 5 % del salario mensual de 42 empleados del Instituto Tecnológico de Las Américas (Itla), destinados a sustentar el movimiento político “Jóvenes Unidos por el Cambio”, este lunes se recibió una denuncia que señala que la institución instruyó a sus colaboradores a comentar en las publicaciones de la noticia en defensa de esa práctica, que es violatoria a la Ley de Función Pública 41-08.
Así se evidencia en los comentarios publicados por José Ramón Bernard, vicerrector administrativo con un salario de 190 mil pesos, quien escribió: “Siempre dando la cara y aclarando con hechos. Orgulloso de ser parte de una gestión que trabaja con transparencia, responsabilidad y respeto a la gente”.
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Alexander Solís, encargado de Gestión y Desarrollo Docente, quien devenga 125 mil pesos y comentó: “No me sorprende la responsabilidad del rector, Rafael Feliz, siempre ha sido apegada a la Ley. Representa los mejores valores y principios del país. La verdad prevalece por encima de esta campaña premeditada y muy mal intencionada. Rafael saldrá fortalecido. Estoy 100% seguro”, entre otros.
También se identificaron publicaciones de Gilbert Gilberto Gómez, director de Transformación Digital, con un salario de 160 mil pesos, quien afirmó: “Seguimos trabajando con transparencia. Un ejemplo de buena gestión”.
Himarquis Báez, encargada de Compras y con un sueldo de 135 mil pesos, quien escribió: “No permitamos que la desinformación empañe el buen trabajo que está haciendo Rafael Féliz”; y de Sebastián Rodríguez, asistente con un salario de 70 mil pesos, quien expresó: “Felicitamos al señor Rafael Féliz por la forma íntegra y responsable con la que ha enfrentado la situación reciente”.
De acuerdo con otra denuncia recibida por N Investiga, la institución también está instruyendo a colaboradores a firmar cartas de descargo en las que se establezca que no han sido coaccionados para realizar pagos a favor del movimiento político. “Están llamando gente para que firme cartas diciendo que no han sido obligados a pagar; incluso a mí me quieren poner a firmar”, indicó el denunciante en un mensaje.
El pasado sábado, N Investiga presentó testimonios, comprobantes de transferencias bancarias a favor del movimiento político fundado por el rector del Itla, Rafael Féliz García, así como conversaciones de WhatsApp y otras evidencias. Estas pruebas señalan que “Jóvenes Unidos por el Cambio” utiliza un sistema de control basado en listas identificadas por colores: verde para quienes han pagado y rojo para quienes están atrasados. Dichas listas son exhibidas públicamente durante reuniones como mecanismo de presión social, y quienes se niegan a pagar enfrentan consecuencias.
La Ley de Función Pública prohíbe que un funcionario que dirige una institución descuente dinero del salario de sus empleados para destinarlo a un movimiento político que él mismo dirige o promueve. De igual manera, la Ley 33-18, sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, establece como ilícito imponer o aceptar deducciones salariales a empleados públicos para aportes políticos, aun cuando se presenten como donativos o cuotas voluntarias.
Por su parte, la Constitución dominicana condena todas las formas de corrupción y sanciona a quienes, aprovechándose de su cargo público, obtengan ventajas económicas para terceros o utilicen recursos del Estado con fines políticos particulares.
