Maquinaria pesada del Ejército israelí comenzó este martes la demolición del complejo que albergaba la sede de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) en Jerusalén Este, una acción que el organismo internacional calificó como un “ataque sin precedentes” contra Naciones Unidas.
Israel sostiene desde hace tiempo que la UNRWA ha servido como cobertura para miembros del grupo islamista Hamás y asegura que algunos de sus empleados participaron en el ataque perpetrado en territorio israelí el 7 de octubre de 2023. No obstante, varias investigaciones independientes —incluida una encabezada por la exministra francesa Catherine Colonna— detectaron deficiencias en materia de neutralidad, pero concluyeron que no existen pruebas concluyentes que respalden las acusaciones formuladas por el gobierno israelí.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel afirmó en un comunicado que el recinto ya no albergaba operaciones ni personal de Naciones Unidas, por lo que, según indicó, no gozaba de inmunidad internacional. Añadió que la incautación del complejo se realizó conforme a la legislación israelí y al derecho internacional.
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Desde la UNRWA, el director de la agencia en Cisjordania y Jerusalén Este, Roland Friedrich, denunció la demolición como una grave vulneración del derecho internacional, al tiempo que recordó que Israel, como Estado miembro de la ONU, está obligado a respetar la inviolabilidad de las instalaciones de la organización.
En la misma línea, el portavoz de la UNRWA, Jonathan Fowler, aseguró que fuerzas israelíes ingresaron al recinto alrededor de las 05:00 GMT, expulsaron a los guardias de seguridad y permitieron el ingreso de los buldóceres que iniciaron la demolición. Advirtió que este hecho podría sentar un precedente peligroso para otras organizaciones internacionales y misiones diplomáticas.
Durante la jornada, el ministro israelí de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, realizó una visita al lugar. En un comunicado, calificó la demolición como un “día histórico” y sostuvo que el complejo había sido utilizado por “partidarios del terrorismo”, afirmando que este será el destino de quienes, según él, respalden a grupos armados.
El complejo, ubicado en la zona oriental de Jerusalén, territorio de mayoría árabe anexionado por Israel, permanecía sin personal de la UNRWA desde enero de 2025, cuando entró en vigor una ley israelí que prohibió las operaciones de la agencia en ese sector, tras meses de controversia sobre su labor en la Franja de Gaza. La prohibición se limita a Jerusalén Este, ya que la UNRWA continúa operando en Cisjordania ocupada y Gaza.
En diciembre pasado, el comisionado general de la UNRWA, Philippe Lazzarini, denunció la incautación de activos del complejo por parte de las autoridades israelíes. En ese momento, la policía indicó que la acción estaba relacionada con un proceso de cobro de deudas.
Lazzarini también informó que durante esa intervención se confiscaron muebles, equipos informáticos y otros bienes, y que la bandera de la ONU fue sustituida por una israelí, hechos que motivaron una condena del secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, quien denunció una entrada no autorizada en instalaciones de la organización.
Meses después del inicio de la guerra en Gaza, en octubre de 2023, Israel declaró personas non gratas tanto a Guterres como a Lazzarini.
