Por Raúl Germán Bautista.- El abogado Yan Carlos Martínez aseguró este viernes que el Ministerio Público dominicano debe abrir una investigación por presunto abuso sexual contra el cantante Julio Iglesias, a pesar de que el caso fue archivado en España, debido a que los hechos denunciados habrían ocurrido en territorio dominicano, específicamente en Punta Cana.
“Lo que procede, conforme a la ley, es que la Procuraduría General de la República y/o la Procuraduría Fiscal de La Altagracia abran una investigación formal, de oficio, de ese caso. Porque, número uno, es un tema de orden público, tratándose de un caso que se habla de supuesta violación sexual, alegadamente, cometida por el señor Julio Iglesias”, dijo.
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La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España archivó la denuncia interpuesta contra el artista por dos exempleadas domésticas que trabajaron en sus residencias de República Dominicana y Bahamas, quienes alegaban presunto maltrato laboral, trata de personas y abusos sexuales, entre otros delitos. Sin embargo, el caso fue desestimado por la falta de jurisdicción de los tribunales españoles para conocer los hechos denunciados.
Martínez, en ese sentido, detalló: “En un país que mínimamente se respete y que las normas se aplican, pues es obligación de la Procuraduría actuar. Porque en caso contrario, que la República Dominicana, a pesar de existir un escándalo internacional, que se ha hablado de supuestas violaciones, y la Fiscalía no toma ninguna acción, justamente quedamos como un país de tercer mundo, donde nada importa”, explicó.
Agregó que lo correcto, conforme a la ley, es que se abra esa investigación: “Es lo que procede, es lo que se tiene que hacer”.
Y sobre lo que dice el magistrado el magistrado Hendrich Ramírez, director de la Unidad de Atención a Víctimas de la Procuraduría Fiscal de La Altagracia, de que hay que esperar de quiénes son las víctimas y ubicarlas: “Está muy fácil: ellos tienen que dirigir una comunicación al Ministerio Público de España, a la Audiencia Nacional, que estaba investigando este caso, vía los canales correspondientes, y requerir que cuáles son las víctimas-denunciantes allá. Y España, a través de los tratados de cooperación internacional, perfectamente puede mandar ese expediente para acá, porque lo que ha alegado España es la ausencia de competencia, porque no pasó en España, pasó en la República Dominicana, aquí sí tenemos competencia”.
La denuncia contra Iglesisa fue presentada el 5 de enero ante la justicia española y contó con el respaldo de la organización internacional Women’s Link Worldwide.
En el expediente, además del cantante, de 82 años, también se señalaba a varias encargadas de sus mansiones, acusadas de haber actuado como presuntas colaboradoras. Los hechos habrían ocurrido entre enero y octubre de 2021 en propiedades del artista ubicadas en el Caribe.
Según el escrito, los delitos atribuidos podrían constituir trata de seres humanos con fines de trabajo forzado y servidumbre, así como delitos contra la libertad e indemnidad sexuales, entre ellos acoso y agresión sexual. También se mencionan lesiones y violaciones a los derechos laborales por la supuesta imposición de condiciones abusivas.


