El presidente municipal del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en Santiago, Andrés Cueto, afirmó que la Ley 47-25 de Contrataciones Públicas, vigente desde el 28 de enero de 2026, constituye un avance decisivo para el fortalecimiento institucional del Estado, al promover mayor transparencia, digitalización y una participación más amplia de las MIPYMES y de empresas lideradas por mujeres.
Cueto, quien también se desempeña como director general de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan), valoró positivamente la nueva normativa y sostuvo que esta refleja el cumplimiento del compromiso asumido por el presidente Luis Abinader en materia de buen uso de los recursos públicos y rendición de cuentas.
El dirigente político indicó que la promulgación y posterior reglamentación de la ley evidencian que la transparencia ha dejado de ser un discurso para convertirse en una política de Estado.
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“Hemos visto cómo el presidente Abinader firmó el reglamento de la Ley 47-25, estableciendo mayores niveles de vigilancia y control en los procesos de compras y contrataciones, protegiendo así el dinero del pueblo dominicano”, expresó Cueto.
Asimismo, resaltó que uno de los principales avances del marco legal es la ampliación de las responsabilidades, que ahora alcanzan no solo a ministros y directores, sino también a comités de compras, peritos y veedores, quienes podrán enfrentar consecuencias judiciales ante cualquier irregularidad.
“Esto garantiza que cada peso del Estado sea administrado con responsabilidad y sin impunidad”, afirmó.
En ese contexto, Cueto vinculó la ley con las demandas sociales que impulsaron el cambio político, recordando los reclamos ciudadanos de cárcel para los corruptos, recuperación de lo robado y cero impunidad. Destacó que el Gobierno ha logrado recuperar más de 6,500 millones de pesos derivados de actos de corrupción y ha fortalecido una justicia independiente.
También citó como ejemplo del nuevo modelo de gestión la reciente juramentación de comisiones veedoras para supervisar la inversión de más de RD$2,000 millones, destinados a la construcción y reconstrucción de instalaciones deportivas como el Centro Olímpico de San Pedro de Macorís, La Vega y 23 techados a nivel nacional.
Finalmente, Andrés Cueto sostuvo que la Ley 47-25 consolida a la República Dominicana como un referente democrático y económico en la región, respaldo que —según señaló— se refleja en las proyecciones de crecimiento económico destacadas por organismos internacionales.
“Esta ley fortalece la confianza, impulsa la inclusión, moderniza el Estado y reafirma que el cambio es transparencia, supervisión y rendición de cuentas en cada etapa de ejecución de las obras”, concluyó.
