La influencia política y retórica del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha contribuido a un deterioro de los derechos humanos en América Latina y el Caribe, donde varios gobiernos cometieron abusos contra migrantes y ciudadanos, o utilizaron políticas de Washington como justificación para reforzar prácticas represivas, advirtió la organización Human Rights Watch (HRW).
En su reporte mundial 2026, la organización señaló que durante el primer año del nuevo mandato de Trump algunos países de la región violaron derechos de personas extranjeras a instancias directas de la administración estadounidense, mientras otros profundizaron políticas de seguridad basadas en detenciones masivas, militarización y uso excesivo de la fuerza.
“El impacto de la administración Trump ha sido indudablemente negativo en América Latina y el Caribe”, afirmó Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de HRW, quien subrayó que los gobiernos siguen siendo responsables de defender democracia y derechos fundamentales independientemente de quién gobierne en Washington.
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El informe indicó que Estados Unidos recortó significativamente la ayuda exterior destinada a organizaciones de derechos humanos y medios independientes. Paralelamente, países como El Salvador, Perú y Ecuador aprobaron leyes que permiten el cierre arbitrario de organizaciones civiles y medios de comunicación, debilitando contrapesos democráticos.
HRW criticó además lo que calificó como un doble estándar en la política exterior estadounidense, al condenar reiteradamente violaciones en Venezuela, Cuba y Nicaragua mientras ignora abusos graves en países aliados como El Salvador, Ecuador y Perú. El documento también alertó sobre un ataque militar de Estados Unidos contra Venezuela a inicios de 2026 que, según la organización, podría fortalecer al gobierno venezolano y responder a intereses políticos y comerciales de Washington.
La organización instó a gobiernos latinoamericanos a oponerse a ataques marítimos estadounidenses en el Caribe y el Pacífico que han causado la muerte de más de 120 personas, hechos que podrían constituir ejecuciones extrajudiciales bajo el derecho internacional. En materia migratoria, el informe documentó abusos contra personas deportadas desde Estados Unidos, mientras Panamá y Costa Rica detuvieron arbitrariamente a ciudadanos de terceros países.
Según HRW, El Salvador sometió a venezolanos deportados a desapariciones forzadas, torturas y detenciones arbitrarias, y la República Dominicana intensificó deportaciones de haitianos hacia contextos de alto riesgo, en posible violación del derecho internacional.
La expansión del crimen organizado figura como una de las principales amenazas a los derechos humanos en la región. El caso más extremo es Haití, donde grupos criminales controlan el 90 % de Puerto Príncipe. En Brasil, México, Colombia y Ecuador, las respuestas estatales incluyeron operativos letales, ampliación de facultades de inteligencia y suspensión prolongada de derechos fundamentales.
En México, HRW señaló que el gobierno combinó fortalecimiento de inteligencia con medidas que abren la puerta a detenciones masivas, como la ampliación de la prisión preventiva obligatoria. En Brasil, una redada policial en Río de Janeiro dejó 122 muertos, mientras que en Colombia, durante la estrategia de “paz total”, grupos armados ampliaron su control territorial.
Pese a este panorama, HRW subrayó que periodistas y organizaciones de derechos humanos continúan siendo un bastión clave para la defensa democrática, aunque operan en un entorno cada vez más hostil. La organización llamó a los gobiernos de la región a respaldar su labor en lugar de criminalizarla o restringirla.
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