Por: Ling Almánzar.-
El abogado Ángel Lockward afirmó que tanto él como los demás involucrados en el caso Calamar están siendo acusados en base a un informe de auditoría que, elaborado por la Unidad Antifraude de la Contraloría General, carece de fundamento legal.
Ante la prensa, aseguró que ese informe de la Contraloría no tiene ningún valor jurídico, ya que fue presentado por la Unidad Antifraude que fue formalizada por decreto mucho tiempo después, y recordó que en el año 2022 se opuso a dicho reporte por considerarlo ilegal.
Alegó que el informe es falso porque fue elaborado por un órgano que entonces no existía y porque su contenido también es incorrecto. Y comentó que si el informe es descartado por el tribunal, se caerían 559 pruebas del Ministerio Público.
Opinó que se trata de una «irresponsabilidad y maldad del Gobierno, que comete fraude procesal» para, supuestamente, permitir una persecución penal en contra de los encartados.
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Sostuvo que la Unidad Antifraude no existía y que así lo confirmó el propio Ministerio de Administración Pública, y añadió que esa Unidad fue formalizada mediante el decreto 382-25, del año 2025.
En el 2024, Lockward devolvió 220 millones de pesos y cuatro solares, tras admitir algunas de las imputadas al colaborar con el Ministerio Público.
