La Fundación Ecológica Tropical (Fundetrop) rechazó la sentencia del Tribunal Superior Administrativo (TSA) que favorece intereses privados dentro del Parque Nacional Jaragua, alegando que eso constituye una violación directa a la Constitución de la República, a las leyes ambientales y a los compromisos internacionales asumidos por el Estado en materia de protección del patrimonio natural.
En nombre de la institución habló Nelson Reyes Estrella, politólogo y abogado: «No podemos dejar al Ministerio de Medio Ambiental accionar solo en el Tribunal Constitucional, porque hay que recordar que en el año 2018 nos quitaron de una forma sorpresiva el Parque Nacional Manolo Tavárez Justo cuando el ministerio debía defender el área frente al tribunal».
Reyes Estrella y el equipo jurídico de Fundetrop sostienen que dicha sentencia es inconstitucional, ya que desconoce el alcance del artículo 16 de la Constitución, que declara las áreas protegidas como inalienables, imprescriptibles e inembargables, así como el principio de supremacía constitucional establecido en el artículo 6.
La decisión del TSA pretende colocar supuestos derechos privados por encima del interés general y del derecho colectivo de la sociedad dominicana a un medio ambiente sano.
«De ejecutarse esta decisión, se abriría la puerta a la privatización de aproximadamente 11 kilómetros cuadrados (11 km²) del Parque Nacional Jaragua, una superficie significativa de territorio legalmente protegido que incluye ecosistemas frágiles, zonas costeras de alto valor ecológico, hábitats de especies endémicas y áreas estratégicas para la conservación de la biodiversidad y el equilibrio ambiental del suroeste del país», advirtió la institución mediante nota de prensa.
Y añadió: «Más grave aún, esta sentencia sienta una peligrosa y criminal jurisprudencia, al legitimar la ocupación, el despojo y la apropiación irregular de bienes ambientales del Estado, enviando un mensaje de permisividad e impunidad a las mafias que históricamente han operado contra las áreas protegidas, muchas de ellas vinculadas a intereses económicos que, en nombre del turismo y la minería, buscan destruir el Sistema Nacional de Áreas Protegidas mediante la fragmentación, reducción y privatización encubierta de territorios estratégicos para la vida y la soberanía nacional«.
Fundetrop alegó que dicha decisión amenaza no solo el patrimonio ecológico dominicano, sino también el modelo de turismo sostenible, la imagen internacional del país y la seguridad ambiental de las generaciones presentes y futuras.
Parque Nacional Jaragua
Forma parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y de la Reserva de Biosfera Jaragua–Bahoruco–Enriquillo, reconocida por la UNESCO, lo que impone al Estado dominicano el deber ineludible de garantizar su protección integral.
Ante la situación, Fundetrop hizo un llamado urgente a la organización y articulación de las organizaciones ambientales, sociales, académicas y comunitarias, así como a juristas, científicos y ciudadanos conscientes, para enfrentar de manera firme y unitaria las mafias que atentan contra el patrimonio ecológico nacional.
«En nombre de un falso desarrollo, el turismo depredador y la minería irresponsable pretenden destruir nuestras áreas de protección estratégica, vulnerando la Constitución y comprometiendo el futuro del país», expuso.
La defensa del Parque Nacional Jaragua no es solo una causa ambiental: es una lucha por la soberanía, la legalidad, la Constitución y el futuro del país. Por último, Fundetrop reiteró que ningún interés privado puede colocarse por encima del interés público, y que corresponde al Tribunal Constitucional restablecer el orden constitucional, anular esta decisión y sentar un precedente firme en defensa del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
