El abogado Luis Arias García, representante legal de la familia Frías García en el caso Payán, valoró la decisión del tribunal que solo impuso medidas de coerción consistentes en presentación periódica y no en prisión preventiva, como “un paso firme para la recuperación del buen nombre de nuestros representados que han construido durante años con su trabajo y honrando el legado de sus padres”.
Explicó que el tribunal reconoció el arraigo familiar, social y económico de los señores Frías García, así como su disposición a comparecer ante la justicia cuantas veces sea requerido.
Citando las palabras de la magistrada Fátima Veloz: “En cuanto al peligro de fuga, los imputados y son hechos no controvertidos, se presentaron a todas las vistas presentadas ante el Ministerio Público. Eso fue un punto que ninguna de las partes contrarrestó. Los imputados son socios o representantes de, como bien se dijo, una compañía que se ha considerado marca país. Si los imputados no tienen arraigo en este país, muy pocas personas lo tienen”.
Arias García indicó que el proceso surge de un conflicto de carácter patrimonial relacionado con inversiones en el negocio Barra Payán, y afirmó que “toda la documentación contable y societaria está siendo puesta a disposición de las autoridades para demostrar que no ha existido ningún tipo de irregularidades”. A su juicio, la decisión de mantener el caso en libertad “envía una señal de respeto a la presunción de inocencia y abre el espacio para que el debate se centre en las evidencias y no en el escándalo mediático”.
Asimismo, el abogado reiteró que la familia Frías García continuará colaborando con el Ministerio Público, «como lo ha hecho durante 4 años, siendo la familia Frías García quienes han solicitado la ejecución de todas las diligencias de investigación para el esclarecimiento de los hechos, confiando en que al final del proceso quedará claro que nuestros representados han actuado de buena fe y siempre dentro del marco de la ley”.
Los señores Marcos Frías García, Juan Ismael Frías García y Dagoberto Cabrera están acusados de maniobrar para, supuestamente, estafar con casi 40 millones de pesos a otros socios de la empresa.
