La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) tachó este jueves de «acto intimidatorio» contra el periodismo la intervención del Gobierno de Ecuador en Gráficos Nacionales S.A. (Granasa), editora de los diarios Expreso y Extra que ha acusado al presidente Daniel Noboa de represalias por ser una «voz crítica».
La organización, con sede en Miami, expresó en un pronunciamiento su «preocupación» por la intervención de la compañía que dispuso la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SCVS), un organismo del Estado al que Granasa ha acusado antes de «intentar adueñarse del 40 % de las acciones».
El presidente de la SIP, Pierre Manigault, consideró que «esta disposición plantea serias dudas sobre el respeto a las garantías fundamentales del debido proceso».
«El control sobre empresas independientes no puede, en ninguna circunstancia, convertirse en un mecanismo indirecto de censura o presión editorial», señaló Manigault.
Los hechos ocurren después de que Granasa denunció en enero que el Gobierno de Noboa «usa todos sus esfuerzos y caminos opacos para intentar doblegar» a la compañía «con el único propósito de someter a una de las pocas voces críticas a su gestión que existen en Ecuador».
La SIP señaló ahora que la Superintendencia de Compañías informó el miércoles sobre la intervención de la compañía «con el objeto de supervigilar la marcha económica financiera y propiciar la corrección de las irregularidades advertidas, a fin de evitar perjuicios a sus socios y/o terceros».
Las medidas incluyen nombrar a una interventora externa que presentará informes mensuales sobre la situación de la compañía.
La presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Martha Ramos, denunció que «la intervención de Gransa, bajo estas circunstancias, representa un acto intimidatorio que puede inhibir el ejercicio del periodismo libre e independiente».
Mientras que Expreso afirmó en una nota que “nada de esto, ni la intervención de la Superintendencia de Compañías, podrá doblegar la independencia de la línea editorial e informativa” de los diarios.
Apenas la semana pasada, la SIP alertó de un nuevo «sistema de control» y «censura previa» en Ecuador por los nuevos lineamientos del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de ese país para coordinar y acreditar a periodistas con base en su línea editorial.
La organización ha documentado antes agresiones físicas y amenazas de muerte contra periodistas que investigan al crimen organizado, así como el hostigamiento judicial, persecución y discursos estigmatizantes de autoridades del Estado contra medios críticos.
