El Tribunal Colegiado de La Romana anunció que emitirá en el mes de marzo su fallo en el proceso por presunto desfalco de fondos públicos en el Ayuntamiento de La Romana, decisión que no incluirá al exalcalde Juan Antonio Adames, conocido como Tony Adames, debido a que su expediente fue separado del proceso principal.
La exclusión del exejecutivo municipal obedece a su estado de salud, luego de haber sufrido una trombosis, situación que llevó al tribunal a disponer el desglose del expediente para garantizar el debido proceso. Como resultado, el juicio continúa únicamente contra los demás imputados, mientras el caso de Adames sigue su curso de manera independiente.
La lectura de la sentencia fue fijada específicamente para el 16 de marzo, tras un aplazamiento motivado por la necesidad de profundizar en el análisis de las pruebas y en la complejidad del expediente, uno de los más prolongados y observados en la región Este del país.
En la fecha pautada, el tribunal deberá decidir la situación jurídica de los exfuncionarios Rafael Rocha y Remigio Pilier, ambos ex tesoreros municipales, así como de Francisco Severino Nolasco, exencargado de Compras del cabildo romanense, quienes enfrentan cargos relacionados con el manejo irregular de fondos públicos.
El proceso por desfalco en el Ayuntamiento de La Romana se remonta a noviembre de 2013, cuando la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa presentó acusación formal por presuntos actos de corrupción administrativa cometidos durante la gestión municipal comprendida entre 2010 y 2016.
De manera paralela, el expediente que involucra directamente a Tony Adames continúa acumulando reenvíos en los tribunales. La Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís ha aplazado en múltiples ocasiones el juicio de fondo, en un proceso que supera ya los 10 años sin una decisión definitiva y que registra más de 200 reenvíos.
Según la acusación del Ministerio Público, Tony Adames es señalado por un presunto desfalco de 200 millones de pesos, además de cargos por falsificación y uso de documentos, prevaricación y asociación de malhechores, contenidos en el expediente número 334-2022-EPEN-00896, sustentado en varios artículos del Código Penal Dominicano.
El caso continúa siendo uno de los símbolos más visibles de la mora judicial en la región Este, mientras la sociedad romanense permanece a la espera de que la sentencia anunciada para marzo marque un avance concreto en un proceso que se ha extendido por más de una década.
