El director general de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales, Roberto Santana Sánchez, reveló que cada persona privada de libertad en la República Dominicana representa un costo aproximado de RD$1,400 diarios para el Estado, lo que equivale a un gasto estimado de RD$35 millones al día y alrededor de RD$12,700 millones al año para el sistema penitenciario nacional.
Santana explicó que actualmente el sistema carcelario alberga cerca de 25,000 internos, una cifra que ejerce una fuerte presión sobre el presupuesto público, debido a que el Estado debe asumir de manera integral los costos de alimentación, alojamiento, seguridad, servicios básicos y atención médica de cada persona privada de libertad.
El funcionario subrayó que una proporción significativa de la población penitenciaria corresponde a presos preventivos, es decir, personas que aún no han recibido una sentencia definitiva por parte de los tribunales. En ese contexto, expresó preocupación por el impacto económico y humano que genera el uso prolongado de la prisión preventiva.
“Nos duele más si esos RD$1,400 diarios que tenemos que pagar por cada persona privada de libertad, lo estamos pagando por una mayoría que es inocente”, manifestó Santana, al advertir que la privación de libertad sin condena firme termina convirtiéndose, en la práctica, en una forma de condena anticipada.
El director penitenciario recordó que la prisión preventiva debe ser una medida excepcional y no la regla, y consideró que, salvo en casos que representen un peligro real para la sociedad o para el proceso judicial, las personas no condenadas deberían enfrentar sus procesos en libertad, desde sus hogares y comunidades, bajo medidas alternativas establecidas por la ley.
En su condición de director de la Oficina Nacional de Apoyo a la Reforma Penitenciaria, Santana insistió en que la reducción del uso de la prisión preventiva no solo aliviaría la sobrepoblación carcelaria, sino que permitiría al Estado redirigir recursos hacia áreas prioritarias como la rehabilitación, la reinserción social y el fortalecimiento del sistema de justicia.
Asimismo, señaló que el alto número de internos sin condena firme refleja debilidades estructurales del sistema judicial, entre ellas la lentitud de los procesos, la mora judicial y la limitada aplicación de medidas alternativas a la prisión, lo que termina impactando tanto en los derechos fundamentales de los imputados como en las finanzas públicas.
Santana sostuvo que avanzar hacia un modelo penitenciario más eficiente y humano requiere una coordinación estrecha entre el Poder Judicial, el Ministerio Público y las instituciones penitenciarias, con el objetivo de garantizar justicia oportuna, respeto al debido proceso y un uso racional de los recursos del Estado.
