Un informe reciente del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas revela que al menos 46 personas siguen privadas de libertad por razones políticas en Nicaragua. Entre los detenidos figuran antiguos miembros de la revolución sandinista, excolaboradores del gobierno y líderes sociales, lo que refleja una creciente represión bajo el mandato de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
El informe, respaldado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), señala que 15 de los detenidos son adultos mayores y que 10 están en condición de desaparición forzada. Además, 19 excarcelados permanecen bajo estricta vigilancia, lo que indica que la represión continúa, aunque ha cambiado de forma.
Uno de los casos más destacados es el de Bayardo Arce, excomandante sandinista y exasesor presidencial, quien fue declarado culpable de una supuesta estafa al Estado por USD 4.96 millones, lo que organizaciones de derechos humanos consideran una persecución política. También figura Henry Ruiz, excomandante revolucionario de 82 años, quien se encuentra bajo arresto domiciliario, y el general retirado Álvaro Baltodano Cantarero.
El informe también destaca la detención de líderes indígenas, como Brooklyn Rivera Bryan, Steadman Fagoth Müller y Nancy Elizabeth Henríquez, todos opositores al gobierno actual. Las organizaciones de derechos humanos que conforman el Mecanismo alertan que la cifra real de presos podría ser aún mayor, debido al miedo a represalias por parte de las familias afectadas.
Estas detenciones son parte de la crisis política que comenzó en abril de 2018 y se intensificó tras las elecciones de 2021, donde Ortega, reelegido para un quinto mandato consecutivo, enfrentó la detención y expulsión de sus principales rivales. Organizaciones internacionales siguen exigiendo la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos en el país.
